Jaime de Althaus
Para Lampadia
El reciente informe del Banco Mundial, “Resurgir Fortalecidos, evaluación de la pobreza y equidad en el Perú”, pone acertadamente el énfasis en la necesidad de volver a crecer para reducir la pobreza y la desigualdad. Para lo cual hay que levantar las barreras estructurales que impiden el crecimiento, reducir la informalidad y mejorar la provisión de bienes y servicios públicos.
Comienza reconociendo que “en el pasado, el crecimiento sostenido e inclusivo impulsó un proceso sustancial de reducción de la pobreza y desigualdad”, pero luego no explica qué pasó, por qué ya casi no crecemos. Porque de allí se desprendería qué hacer. No menciona, por ejemplo, el incremento desmedido de regulaciones en los últimos 12 años, que ahogan el crecimiento de las empresas. Para eso se requeriría pasar todo el stock de normas existentes por un Análisis de Impacto Regulatorio, para derogar las normas costosas y contraproducentes. Ese proyecto existe en la PCM, pero no comienza aún. El Banco Mundial podría ayudar a financiarlo.
El informe sí alude a esto implícitamente cuando propone “levantar los obstáculos que impiden que las empresas crezcan y que los trabajadores se formalicen”. Pero se refiere solo a los regímenes tributarios y a la normatividad laboral, dos temas centrales, sin embargo. Explica que “los múltiples regímenes tributarios en función al tamaño de las empresas alientan a estas a permanecer pequeñas y dividirse cuando crecen a fin de evitar escalar hacia otro régimen. Así, el promover el crecimiento empresarial requiere fusionar el régimen único simplificado, el régimen especial de impuesto a la renta y el régimen tributario de la mediana y pequeña empresa, en uno solo.
Esta propuesta fue elaborada hace unos años por Macroconsult, incluyendo, además -en lo que llamó el “combo formalizador”- una simplificación similar para los regímenes laborales, eliminándolos y centrándolos en el trabajador, de modo que los beneficios y aportaciones fueran mayores conforme subiera el salario.
El informe del Banco Mundial no recoge este aspecto, pero sí reconoce que, para emplear formalmente a sus trabajadores, “los empleadores deben cumplir con una legislación laboral compleja y pagar hasta un 68 por ciento adicional del salario de un trabajador en costos no salariales. Por lo tanto, la reducción de la informalidad requiere de mayor flexibilidad en las leyes laborales y reducción de los costos relacionados con la formalización”. Lamentablemente el informe no desarrolla este enunciado.
Sin embargo, sí propone fortalecer el rol de la Oficina Nacional de Inspección Laboral (SUNAFIL), extendiendo su responsabilidad al sector informal y a las microempresas, incrementando el número y competencias de los inspectores para, en buena cuenta, obligarlas a formalizar. Pero es absurdo obligar a cumplir unas normas laborales incumplibles. El informe debió relacionar esos dos temas, y recomendar el fortalecimiento de Sunafil para hacer cumplir una normatividad más simple y flexible.
El informe señala con acierto que “para promover un crecimiento inclusivo, el gobierno necesita mejorar la provisión de bienes y servicios públicos de alta calidad”, y propone mejorar las capacidades de gasto de los gobiernos subnacionales optimizando la distribución de responsabilidades del gasto y articulando los presupuestos de las entidades involucradas en proyectos conjuntos. Y sugiere el uso de oficinas de gestión de proyectos, y programas de asociación público-privada.
Y agrega que en “el mediano y largo plazo, el gobierno necesitará más recursos fiscales para financiar la provisión de servicios de calidad y acelerar la acumulación de activos productivos en los hogares”. Para ello propone, entre otras cosas, bajar el umbral de impuesto a la renta personal.
Dos comentarios en este punto. El informe no hace notar que el presupuesto de sectores como salud y educación se ha multiplicado alrededor de 7 veces en términos reales en los últimos 21 años, pero esto no ha tenido un correlato en la calidad del servicio. Y que, por lo tanto, antes de procurar más ingresos, debió recomendar la introducción de meritocracia y gestión de resultados en los organismos estatales. El informe no señala los retrocesos estructurales en este tema, tales como la ley que nombra a los CAS sin colocarlos en un régimen meritocrático, y la ley de la negociación colectiva en el sector público sin que el MEF pueda poner límites.
Hay una medida adicional que el informe no recoge, y que ayudaría tanto a formalizar como a incrementar la recaudación. Se trata de la propuesta de universalizar las pensiones por medio del abono en la cuenta previsional de todos los ciudadanos desde que cumplen 18 años, de 5 puntos del IGV que pagan cuando compran algo. Con esto el combo formalizador sería completo y el avance en inclusión económica y social revolucionario. Lampadia
