Pablo Bustamante Pardo
Director de Lampadia
Para la furia y frustración de las izquierdas retrógradas del Perú, instaurada la Constitución de 1993 que trajo de regreso la inversión privada, y superada la recesión de finales de la década de los 90; el país entró en una fase de crecimiento y desarrollo que generó la reducción de la pobreza de 60 a 20%, la caída de la desigualdad, la eliminación de la inflación, el crecimiento de una clase media emergente, la multiplicación de empleos e inversiones en las regiones, la disminución de la mortalidad infantil, y la mejora de la confianza de los ciudadanos en el futuro.
Así llegamos al año 2011, con todos los indicadores económicos y sociales mostrando una mejora sustancial del bienestar general.
Pero entonces empezaron a tomar cuerpo los relatos anti sistema que negaban y cuestionaban nuestros logros, apoyados por tres fenómenos perversos:
- la complicidad de tontos útiles, que desde plataformas del mercado, validaban los reclamos de los radicales enfatizando el lado vacío del vaso;
- la inacción de buena parte de la clase dirigente, especialmente la del ámbito empresarial, que no entendió la necesidad de predicar el bienestar y educar a los ciudadanos en nuestra nueva realidad de una incipiente economía de mercado;
- el grave deterioro de los medios de comunicación que se enrolaron en enfoques políticos, cortoplacismo y difusión del dolor y el escándalo.
Desde entonces, desde el 2011, llegó a la administración pública una profunda casta de funcionarios anti mercado y anti inversión privada, que impregnaron la acción del Estado de normas y regulaciones que fueron ahogando y paralizando la efectiva primacía de nuestra Constitución. Así bajó la inversión privada, se paralizaron importantes proyectos de inversión, pública y privada, y fue bajando el ritmo de crecimiento y reducción de la pobreza.
Este nuevo ambiente tomó cuerpo con el gobierno de Humala; se mantuvo, traicionando el voto popular, con el gobierno de Kuczynski; y se entronizó con el gobierno de Vizcarra, al punto de que ahora tenemos ministros abiertamente estatistas.
Ahora, con las normas anti pandemia y las regulaciones que supuestamente buscan el reinicio de las actividades empresariales, los benditos protocolos con su reforzado burocratismo, se está terminando de condenar al sector privado a lesiones que impiden el funcionamiento de esa economía briosa que permitió la recuperación de la primera década del siglo.
Se está llevando al sector privado a la condición de mendicante, en la que el futuro de las empresas pasa por pedir y suplicar al gobierno, determinadas condiciones regulatorias y ayudas financieras y económicas. Se ha debilitado gravemente al sector empresarial, desde las empresas más pequeñas hasta las más grandes.
Con la crisis, no solo vamos a perder muchas vidas, también vamos a perder un 20% del PBI, vamos a malograr buena parte de nuestra clase media, vamos a instalar un alto desempleo y retrocederemos más de una década, en la lucha contra la pobreza, aumentándola seguramente en un 10%.
Durante esta crisis el gobierno ha desconfiado del sector privado como agente positivo para la gesta de contención y recuperación, se ha rechazado la ayuda de las empresas, y no se ha destacado y agradecido las múltiples donaciones recibidas a lo largo y ancho del país.
Esta crisis debe ser resuelta sin distorsiones regulatorias que crean congestiones populares y estrangulamientos productivos. Debe ser enfrentada por los ciudadanos y empresas, con sus propios protocolos y compromisos de acción individual. La responsabilidad viene con la sensatez normativa y la libertad. No queremos ser una sociedad lisiada e incapaz de manejar su futuro.
No podemos permitir que cadres de políticos de las izquierdas caducas medren de la crisis implantando una economía de Estado de orientación socialista. Lampadia
