Que los gobiernos locales vivan de lo que recauden
Jaime de Althaus
Para Lampadia
En reciente artículo en Expreso, el economista Jorge Baca Campodónico ha propuesto una fórmula para reducir la altísima informalidad laboral.[1]
Baca identifica claramente la raíz del problema: los sobrecostos laborales que encarecen la contratación formal.
“Entre las contribuciones a los sistemas de pensiones y salud —tanto del empleador como del trabajador—, los costos adicionales representan alrededor del 23% del salario.
A esto se suman los costos de despido, la CTS, las gratificaciones y otros beneficios que, aunque bien intencionados, terminan generando un mercado laboral rígido y excluyente”.
El resultado -agrega Baca- “es un círculo vicioso: la informalidad reduce la productividad, la baja productividad impide asumir los costos de la formalidad, y la falta de formalidad perpetúa la baja productividad. Este círculo es el principal obstáculo para que el Perú supere la trampa de ingreso medio que lo ha mantenido estancado durante décadas”.
Baca propone eliminar los sobrecostos laborales asociados a las contribuciones obligatorias a pensiones y salud, y reemplazar su financiamiento mediante un incremento en la recaudación del Impuesto General a las Ventas (IGV).
Es una idea que ya fue propuesta por la Comisión de Protección Social (CPS) formada a inicios del gobierno de Kuczynski. “Este cambio permitiría que los trabajadores formales reciban un aumento inmediato equivalente al 23% de su salario… Al mismo tiempo, reduciría drásticamente el costo de contratación para las empresas, incentivando la formalización masiva”.
El problema de esta propuesta es que supone subir el IGV en 4.5 puntos: 2.5 puntos para pensiones y 2 para Essalud. Según Baca, eso no tiene por qué incrementar la evasión, pues el IGV es muy difícil de evadir para quienes no tienen opción. De todos modos, es un incremento muy fuerte. Podría mitigarse si se reduje el gasto público -como propone López Aliaga- y se destina el ahorro a este fin.
Pero una alternativa sería recuperar esos 4 puntos que ahora se transfieren a los gobiernos locales, algo que desalienta la recaudación propia y solo sirve para alimentar la corrupción y la atomización de las obras que, además, no concluyen.
Claro, se necesitaría alcanzar un consenso mínimo para hacer algo así.
En el debate presidencial censuraron duramente la corrupción y prometieron sanciones fuertes para acabar con ella, pero ninguno -salvo curiosamente Acuña, por influencia de Salardi-, abordó las causas de la corrupción: regulaciones excesivas que impiden progresar en el mercado formal y por eso propician la captura del Estado, para medrar y robar.
Eso es particularmente notorio en los gobiernos subnacionales que no recaudan y por lo tanto no hay contribuyentes que fiscalicen. Reciben cuantiosas trasferencias del gobierno central -serán 4 puntos del IGV en el caso de las municipalidades- y las gastan con sus amigos, familiares y relacionados.
Entonces la manera de cortar la corrupción y la sangría de dinero de todos los peruanos a ese nivel, es eliminar las transferencias de esos puntos del IGV, y que vivan de lo que recaudan.
Eso los obligará efectivamente a empezar a cobrar el impuesto predial y arbitrios y, por lo tanto, a rendir cuentas a los vecinos.
Y entonces podemos usar esos puntos del IGV para financiar Essalud y pensiones -depositándolos en billeteras digitales de los usuarios-, de modo que la formalidad se volverá más barata y habrá más inversión y más empleo.
Tenemos que discutir fuera de la caja para resolver los problemas nacionales.
Nota: En Lampadia propusimos usar parte del IGV de manera diferente, devolviendo 5% a los ciudadanos para aportes individuales a cuentas pensionarias. También mostramos que este costo nominal, se autofinanciaba. Ver: Sigue la destrucción de las pensiones – Como borreguitos detrás del señuelo
Lampadia
[1] https://www.expreso.com.pe/opinion/la-informalidad-en-el-peru-la-barrera-invisible-que-impide-el desarrollo/
