El gobierno, pretendiendo corregir el desaguisado populachero del segundo gobierno de Alan García, dispuso la elevación de los topes salariales del Estado. Lamentablemente, se presentó de una forma tan torpe, que el domingo pasado, todos los periódicos titularon “se duplica el sueldo de los ministros”. Esperemos que la forma en que se ha planteado y difundido esta medida, no termine frustrando su ejecución. Ojalá los medios sepan aquilatar el fondo de esta norma y no hagan más escarnio de ella.
Queremos que los peruanos se pongan las pilas para que los mejores profesionales trabajen en el Estado.
El sábado pasado el Gobierno promulgó una norma (Decreto Supremo 023-2014-EF) por la cual se dispone el incremento de remuneraciones de los funcionarios públicos, incluyendo: ministros, viceministros, secretarios generales y otros funcionarios públicos de libre designación y remoción, gerentes generales de regiones y gerentes municipales. Esta medida se enmarca dentro de la reforma de la administración pública que el Estado impulsará este año a través de la Ley del Servicio Civil para introducir incentivos para la meritocracia en la carrera pública, así como para atraer a los mejores profesionales al Estado.
En los últimos años, después de la equivocada norma de García, hemos tenido un Estado que no ha podido atraer, ni retener capital humano de la dimensión necesaria para el buen cumplimiento de sus funciones. El Perú ha crecido a un ritmo promedio de 6% en la última década por el dinamismo de la inversión privada -grande y pequeña-, y el esfuerzo de una pujante clase media emergente. Por su parte, el Estado ha sido casi siempre un gran obstáculo para destrabar inversiones, simplificar la “tramitología” y funcionar eficientemente en el servicio de los ciudadanos. Así, uno de los grandes cuellos de botella que hemos identificado para poder seguir creciendo a tasas elevadas tiene que ver con la baja productividad de la administración pública. En este contexto, uno de los aciertos del presente Gobierno fue la aprobación de la Ley del Servicio Civil, que busca retener a las personas talentosas y altamente calificadas de la administración pública e introducir los incentivos adecuados para que hagan carrera en el Estado. Este aumento de remuneraciones es una corrección para establecer una de las bases de esta gran reforma.
Nuestro Estado necesita con urgencia buscar el mejor capital humano disponible, y no solo desde el Perú, sino en todo el mundo. Sin duda, uno de los peores errores del Gobierno anterior fue la aprobación de la llamada “Ley de Austeridad” del 2006, que congeló demagógicamente los sueldos en el Estado, lo que ahuyentó a los funcionarios talentosos que se fueron, por necesidad, al sector privado o al exterior. Esta perniciosa Ley también introdujo una absurda jerarquía en las remuneraciones colocando en un tope de sueldo para Presidente, Congresistas y Ministros de 15,600 soles; es decir, priorizando remuneraciones en los cargos políticos, y subordinando las remuneraciones de todo el resto de la administración pública e un escalafón pernicioso. La consecuencia de esta medida fue debilitar la tecnocracia e incentivar la entrada de profesionales mediocres sin posibilidades de rendir en el sector privado, militantes políticos y allegados sin una preparación suficiente.
Es cierto que en el Perú los sueldos de los ministros están atrasados en comparación a Chile, donde un ministro gana US$ 15 mil dólares al mes, o México donde es remunerado con US$ 11 mil dólares. Esto es algo que debe corregirse. Sin embargo, lo que el Gobierno ha mostrado este fin de semana, es cómo no se debenimplantar las políticas. Ha sido de una tremenda torpeza no explicar a los ciudadanos el contexto y los beneficios de la norma, incluso dando ventajas para que los rivales políticos aprovechen la ocasión para acusar al gobierno de “repartijas” e incluso algunos insinúen intentonas demagógicas por “levantar a las masas” para frenar la medida.
En Lampadia hemos insistido en la necesidad de una reforma del Estado. Como reseñamos en Reformas de Nueva Zelanda 25 años después, Nueva Zelanda llevó a cabo una profunda reforma que incluyó una radical transformación de su administración pública. Como parte de la reforma, se introdujo un sistema de incentivos basado en bonos de desempeño y la posibilidad del despido ante los malos resultados. Las regulaciones laborales en el aparato estatal se empezaron a regir por las mismas normas que en el sector privado, para atraer el mejor talento al Estado. El resultado fue la eliminación de las fuertes rigideces burocráticas y un aumento considerable en la productividad y eficiencia del aparato público. Dada esta historia de éxito, sería absurdo no apoyar la reforma de la Ley del Servicio Civil, que tiene como uno de sus elementos un sinceramiento de las remuneraciones de los gerentes y técnicos del Estado. Bien haría la prensa en quitar tribuna a los oportunistas políticos que tienen poco interés en mejorar la calidad del Estado, y apoyar las buenas reformas educando la población sobre este tema.
Lampadia
