Jaime de Althaus
Para Lampadia
Tal como ocurría con las leyes que aprobaba el congreso anterior, ya no este congreso sino el Ejecutivo está minando de a pocos el modelo económico y la calidad del Estado. Sin necesidad de cambiar la Constitución, está socavando los pilares del modelo.
Y esto pese a que tenemos en Economía a un ministro teóricamente ortodoxo y bien formado. Que, por lo visto, no es capaz de ofrecer resistencia alguna a las iniciativas populistas y destructivas de sus pares, particularmente de la ministra de Trabajo, Betssy Chávez.
La semana pasada se publicó el decreto supremo 001-2022-TR que restringe absurdamente los servicios de tercerización laboral, pese a que el MEF había emitido un elaborado y muy bien sustentado informe explicando los efectos nocivos de esa norma. La ministra pasó olímpicamente por encima del MEF y publicó la norma.
No contenta con eso, amenaza al país con completar con gran energía todas las iniciativas de la Agenda 19, iluminada iniciativa del exministro neosenderista Iber Maraví orientada a proteger de manera infinita a los pocos que tienen trabajo formal, atentando contra su productividad y contra la inversión privada y dejando fuera del sistema y de los derechos laborales a las grandes mayorías. Una profunda injusticia vestida de justicia social.
Lo último ha sido un oficio que ella ha remitido a la presidenta de la Comisión de Economía del Congreso demandándole que priorice la aprobación del proyecto de ley que plantea el retiro el saldo del 100% de los fondos de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) a los afiliados que el 2021 dispusieron de esos recursos. Lo que podría provocar la salida de cerca de 80 mil millones de soles de los fondos de pensiones, hiriendo de muerte a un fondo que ha sido la base de un ahorro nacional que el país nunca había tenido y que dejaría sin pensión a mucha gente. Una medida, por lo demás, absolutamente innecesaria en este momento en que la economía ya ha recuperado los niveles previos a la pandemia, pese a todos los esfuerzos que hace el gobierno por impedirlo.
La política de frenar para regalar es nefasta, porque atenta contra el futuro del país.
Y eso lo sabe perfectamente el ministro de Economía, Oscar Graham. ¿Qué hace que no se planta firme y pone coto a esta clase de proyectos? Si no es capaz, entonces lo mejor sería que renuncie al cargo en lugar de convalidar la erosión paulatina y creciente de las bases del crecimiento.
Para comenzar, tiene que exigir la derogatoria del decreto supremo que restringe la tercerización, arriba mencionado. Esta norma prohíbe tercerizar actividades principales, con lo cual empresas mineras, industriales u otras que contratan la ejecución de ciertas actividades especializadas para mejorar sus procesos o productividad, ya no podrán hacerlo. Las consecuencias serán:
- La destrucción de empleos muy calificados en empresas pequeñas o medianas muy especializadas que ya no van a ser contratadas por las empresas mayores.
- Caída de la productividad de las empresas que ya no podrán tercerizar
- Incremento de costos laborales: incorporación de nuevos trabajadores para suplir servicios que no podrán ser prestados por empresas terceras.
- Reducción de empleo formal: implementación de mecanismos alternativos de contratación para remediar la prohibición de tercerizar actividades nucleares del negocio.
- Despidos masivos en empresas que no puedan asumir aumentos de costos laborales.
Si el ministro no logra que se derogue ese decreto, lo mejor sería que presente su carta de renuncia. Porque no se sabría para qué está. Lampadia
