Jaime de Althaus
Más y Mejores Pensiones
Lampadia
La situación creada en Francia por los paros contra la reforma pensionaria propuesta por el presidente Macron, que eleva la edad de jubilación de 62 a 64 años, muestra claramente las limitaciones y debilidades del sistema de reparto, que ni siquiera en un país rico es fiscalmente sostenible.
Macron propone esa reforma por la sencilla razón de que, con una población que envejece y que es cada vez más longeva, una proporción cada vez menor de los trabajadores activos debe solventar las pensiones de una proporción cada vez mayor de adultos jubilados. Y eso no es viable. El resultado es que las pensiones tienen que ser financiadas por proporciones crecientes del presupuesto público, lo que también tiene un límite.
El sistema de reparto consiste en que los empleados aportan todos los meses un porcentaje de su sueldo a un fondo común administrado por el Estado. Sus aportes se diluyen en ese fondo común. Lo que ocurre es que las pensiones de los jubilados se pagan con lo que aportan los trabajadores activos. Pero llega un momento en que eso no alcanza, porque los jubilados son cada vez más y viven más años, y entonces debe pagárseles con dinero del tesoro público, obtenido por tributación general. Cada vez se destina más a los pensionistas y menos a otras necesidades y funciones que debe atender el Estado. Llega un momento en que las pensiones ya no son financiables ni por el Estado.
Por eso la mayor parte de países de Europa se han visto obligados a subir la edad de jubilación a 65 o 67 años. Y aquí viene el segundo problema del sistema de reparto: la resistencia política. El caso más notorio es precisamente Francia, con paros multitudinarios contra una subida solo a 64 años. Todos quieren jubilarse lo más tempranamente posible.
En cambio, un sistema de cuentas de capitalización individuales no tiene ni el problema financiero fiscal ni el político.
No genera contingencia fiscal alguna porque es un sistema privado en el que los ciudadanos aportan a sus cuentas individuales en fondos privados que invierten en valores y acciones que generan rentabilidad. Si una persona aporta 100, al cabo de 30 años esos 100 se convierten en 600 con la rentabilidad histórica de 6% que hemos tenido en el Perú.
Las pensiones que recibe el jubilado no vienen de los aportes de los que están trabajando, sino del dinero que él mismo aportó y ahorró, multiplicado por 6 en este caso. No hay peligro alguno para el fisco, ni dinero del presupuesto para pagar pensiones.
Por eso mismo, tampoco existe el problema político de tener que subir la edad de jubilación, porque las pensiones no dependen del fisco. Y hay otras ventajas: los fondos privados de pensiones generan un ahorro nacional que se invierte en proyectos públicos y privados financiando el desarrollo nacional. Ahorro nacional que el Perú nunca había tenido.
Lo que tenemos que hacer en nuestro país es una reforma que permita que todos los ciudadanos a partir de los 18 años puedan abrir una cuenta de capitalización propia en un fondo que le asegure rentabilidad, para tener tranquilidad en su vejez. Esa es la reforma que vamos a proponer. Lampadia
