La iniciativa del Ejecutivo, refrendada por el Tribunal Constitucional, de instaurar un régimen general para todos los servidores del Estado, incluyendo a los trabajadores del Banco Central de Reserva (BCRP), para que formen parte de la Ley del Servicio Civil (Ley Servir) es (en palabras de Julio Velarde, Presidente del BCRP) “una barbaridad”.
La ley, dirigida supuestamente a promover la meritocracia en el Estado, pretende homogenizar los tres regímenes laborales generales: la Carrera Administrativa (D.L. 276), de la actividad privada (D.L. 728) y la Contratación Administrativa de Servicios (CAS, del D.L. 1057). Y también los otros 12 regímenes especiales (profesores, profesionales de la salud, magistrados, fiscales, diplomáticos, servidores penitenciarios, militares, policías, entre otros). Esta norma también incluiría a los congresistas, personal de la Sunat y la SBS.
Una de las mayores críticas es que se generaría espacio para mayor intervención política de los gobiernos en el régimen laboral del Estado, contrariando el objetivo de meritocracia. El abogado laboralista, Alberto Hurtado Chancafe, explica esto diciendo que “la situación será inestable porque cualquier gobierno podrá imponer su propia evaluación a los trabajadores y así despedir a muchos de ellos”. Además, estos empleados perderían sus derechos adquiridos y otros beneficios importantes.
Sin embargo, la crítica más importante es que si el Ejecutivo pudiera entrar a evaluar al personal por mandato de esta ley (la cual pretende promover la meritocracia en ámbito laboral), destruiría la autonomía del BCRP, tema que ha sido crucial para la solidez macroeconómica del país. El BCRP es una de las pocas entidades verdaderamente meritocráticas. En realidad, es la base de su proceso de selección. Pablo Secada explica esto diciendo que “A los jóvenes se les contrata cuando salen de la universidad, se les brinda un curso y permanentemente hay evaluaciones promoviendo a los mejores. Toda la carrera en el (Banco) Central es en base a la meritocracia que [en teoría] promueve la ley Servir”.
Velarde agregó que un fallo de ese tipo “afecta la autonomía del Banco Central y desestabiliza el país”, pues entonces su presupuesto dependería completamente del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Además, afirmó que “el BCR es una institución que se ha caracterizado por eso [la meritocracia], no ha habido una sola persona que ha estado entrando por una recomendación o alguno de estos factores. Quisiera ver cuántas instituciones públicas podrían decir lo mismo. Quisiera ver si Servir tiene éxito en 20 o 25 años, tendría una suerte si logra ser lo que es el Banco Central ahora.”
En Lampadia estamos completamente en contra de este fallo del Tribunal Constitucional y de cualquier intromisión política en el BCRP y las otras pocas instituciones que han logrado estar a salvo de la proverbial mediocridad de los servidores del Estado. Líneas abajo compartimos un artículo de opinión del IPE que sustenta los daños que produciría esta Ley.
SI NO ESTÁ ROTO, NO LO ARREGLES
Publicado en IPEOpinión
03 de mayo de 2016
La independencia constitucional de la que goza hoy el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) no es un simple capricho de los legisladores. La función del ente emisor es tan importante que debe ser blindada de las voluntades políticas de turno tanto como sea posible. Las consecuencias de menoscabar la independencia del banco las vivió ya el país en la década de los ochenta.
En este sentido, el reciente fallo del Tribunal Constitucional (TC) que incorpora al BCRP y a otras instituciones en el régimen laboral del Servicio Civil (Servir) resulta cuestionable a diferentes niveles. En el caso del banco, desde el punto de vista legal, no queda claro en qué medida la sentencia del TC es compatible con su autonomía, garantizada por su Ley Orgánica y por el artículo 84° de la Constitución Política del Perú. Las autoridades del BCRP han pedido ya una aclaración al respecto.
Desde el punto de vista práctico, resulta un sinsentido forzar a la institución pública que mejores estándares de meritocracia ha exhibido en las últimas décadas a sustituirlos por otros con resultados más inciertos. Las políticas de atracción y retención del mejor talento han sido tan efectivas en el BCRP que no sería descabellado pensar más bien en la fórmula inversa: que Servir busque adoptar algunas de las prácticas del banco.
La construcción de instituciones meritocráticas dentro del aparato estatal, qué duda cabe, es una necesidad urgente. En ese sentido, las políticas de Servir pueden ser un avance para fortalecer a las entidades públicas, sobre todo fuera de la ciudad capital. Ello no impide, sin embargo, reconocer que existen instituciones cuyo mandato constitucional les permite aplicar regímenes laborales ad hoc y que han venido operando con suma eficiencia gracias a ellos. Como dice la vieja frase, no arreglemos lo que no está roto. Lampadia
