Intereses patrimonialistas y clientelistas mandan
Jaime de Althaus
Para Lampadia
El Ejecutivo pretende observar la ley aprobada por el Congreso que reforma el sistema de PROINVERSIÓN dándole más poder de decisión a esta entidad para avanzar mucho más rápidamente en el desarrollo de la infraestructura nacional y, en cambio, anuncia que promulgará la ley que le quita dos puntos al IGV para dárselos a las municipalidades, subiendo el Impuesto de Promoción Municipal de 2 a 4%.
Lo primero se explica por la reacción de los ministerios y particularmente del ministerio de Transportes, que sin duda pierden poder de decisión, y por lo tanto -hay que decirlo con claridad-, poder de coima (en muchos casos) y poder de manejo clientelista con congresistas, gobernadores regionales y alcaldes, que es la base de la precaria gobernabilidad de este gobierno.
Lo segundo precisamente para afianzar esa red de reciprocidades con los alcaldes a cambio de apoyo. Una mezcla de penosa debilidad con irresponsabilidad absoluta.
Las razones que ha dado el ministro de Economía Raúl Pérez Reyes en el primer caso parecen pretextos.
Una de ellas es que PROINVERSIÓN debería tener un consejo directivo compuesto por independientes. Leoni Roca, presidente de AFIN, recuerda que Proinversión intentó esa fórmula durante la gestión de Álvaro Quijandría, pero no funcionó. Ningún profesional independiente aceptó debido a las incompatibilidades del cargo.
También ha expresado que PROINVERSIÓN debería tener un comité de inversiones para que ahí se defina qué proyectos van a APP y cuáles no. La autógrafa le da esa decisión al MEF. Pérez Reyes quiere poner otros ministros. Pero eso también ya se probó, se llamó COPRIN, y entrampó las decisiones porque entre el MEF y el MTC no se ponían de acuerdo. Aquí se requiere una decisión técnica, no interesada.
El ataque más fuerte ha venido del Consejo Fiscal, donde está el exministro Alonso Segura, en cuya época se aprobaron una serie de regulaciones que convirtieron la aprobación y ejecución de una APP en un calvario. El Reporte Técnico del Consejo Fiscal afirma que al transferir la rectoría del sistema a PROINVERSIÓN, la autógrafa de ley “limita las competencias del MEF en la administración financiera de los recursos públicos y su capacidad de realizar un control fiscal efectivo sobre los proyectos de inversión en APP.”
Señala concretamente que la ley elimina la obligación del MEF de emitir opinión sobre el impacto de los proyectos en el cumplimiento de las reglas fiscales. La ley, sin embargo, elimina efectivamente una serie de materias en las que el MEF tenía que pronunciarse, pero mantiene las relacionadas a la sostenibilidad fiscal, que es lo importante. Las Direcciones del Tesoro Público y de Presupuesto Público siguen opinando sobre todo aquello referido a la sostenibilidad económica y financiera del país. Según PROINVERSION, la responsabilidad fiscal se asegura introduciendo un enfoque mucho más eficiente dado por el concepto de “capacidad de financiamiento”.
El Consejo Fiscal realiza otras observaciones más específicas que según conocedores del tema, revelarían que no ha analizado con cuidado la autógrafa de ley o insiste en propuestas que traban los proyectos. De hacerle caso, se desmontaría una reforma que resulta vital para dinamizar la inversión público-privada, apuntar a cerrar más rápidamente la brecha de infraestructura que es enorme, y elevar considerablemente la tasa de crecimiento potencial del país.
Pero lo increíble es que el mismo ministerio que quiere observar la autógrafa en cuestión, en parte por razones fiscales, no objeta y, al contrario, anuncia que promulgará la ley que reduce el IGV en 2 puntos para dárseles a las municipalidades, generándole al gobierno central y a las regiones un hueco fiscal de 10 mil millones de soles que, por supuesto, la ley no dice como se cubrirá. Esto sería positivo si sirviera para gatillar un proceso de ajuste del gasto eliminando programas y oficinas inútiles, o si sirviera para profundizar el shock desregulador a fin de desatar las fuerzas productivas y por esa vía recaudar más ingresos fiscales. Pero no parece ser el caso.
Si el gobierno sigue cediendo para alimentar su mediocre red de reciprocidades clientelistas, el Perú terminará perdiendo la gran conquista de los 90, que fue el equilibrio fiscal. Y eso es el comienzo del fin. Lampadia
