Jaime de Althaus
Para Lampadia
Para volver a crecer de manera sostenida y a tasas altas, se requiere lanzar Tía María, y realizar las reformas políticas, institucionales y económicas que permitan despejar la incógnita del 2026, facilitar la gobernabilidad, reducir la inseguridad y liberar las fuerzas productivas.
Si leemos el discurso ante el Congreso de la presidente Boluarte a la luz de estas tareas, podemos darnos una idea de en qué medida nos acercamos a aquel objetivo. Lo de Tía María es el gran logro. La presidente se refirió con mucha convicción a su necesidad, lo que ya ha provocado la reacción de autoridades anti mineras. Pero el gobierno está comprometido como nunca y la correlación es ahora más favorable al proyecto.
Sin embargo, no hubo en el discurso un pedido al Congreso para aprobar la reforma constitucional que prohíba la postulación de quienes hayan cometido delitos graves.
En su defecto, tampoco reclamó normas electorales que incentiven las alianzas y que permitan el financiamiento privado por empresas formales de las campañas electorales, a fin de no dar ventaja a los grupos de izquierda que recibirán el apoyo de las economías ilegales.
Lo que nos lleva al tema del avance de la criminalidad organizada, que amenaza incluso a la minería formal. La presidente anunció la modernización integral del Ministerio del Interior, que sería interesante saber en qué consiste, y el impulso a los equipos GRECCO para desarticular a “El Tren de Aragua” y sus varias facciones. Sería bueno tener un seguimiento sistemático de esta estrategia, para ver si realmente tiene logros. Un espacio para ese seguimiento sería ese grupo de alto nivel que la presidente ofreció en su momento en el que se integraría a la mesa de organizaciones empresariales y sindicales, promesa que no cumplió y que tampoco anunció en su discurso. Mas bien habló de incorporar a esos actores al CONASEC, que es una reunión muy grande y muy poco funcional.
Algo importante es el reporte de que en el primer semestre del presente año se ejecutaron 55 megaoperativos, desarticulando 103 organizaciones criminales. Esto significaría más de dos megaoperativos por semana. Está bien. Pero esto debería presentarse a la opinión pública de manera periódica, con un mapa de organizaciones criminales para ver cómo vamos avanzando.
La presidente anunció la implementación de más unidades de flagrancia (ahora hay 11) cuando pudo anunciar la implementación de las 35 que faltan para cubrir el país entero, proyecto que cuesta 1,800 millones de soles, postergando gastos no prioritarios. Además, debió pedir al Congreso que apruebe la ley sobre el sistema de flagrancia que está en el Congreso, que obligaría al rebelde Ministerio Público a destacar fiscales a dichas unidades. Este sistema reduce los procesos de 21 meses a 72 horas máximo. Tendría un impacto inmediato en la reducción de la inseguridad y de la impunidad.
La presidente habló de varios nuevos penales, pero en condicional. Si faltan los recursos, se trata nuevamente de priorizar. La seguridad es la primera tarea del Restado, es su razón de ser. También la Justicia, y no hubo mención a las tareas vinculadas a la reforma judicial.
Algo positivo fue la referencia a la incorporación del personal de las 176 entidades del Poder Ejecutivo al régimen del servicio civil, fundamental para implantar la meritocracia. Pero esto necesita recursos y no quedó claro si el MEF los va a dar.
En Salud, anunció la creación de las FarmaMinsa en convenio con las municipalidades para vender medicamentos a bajo costo, y un proyecto de ley para crear un fondo. Esto es un contrasentido. Lo que debe asegurar el sector son medicamentos gratuitos en los establecimientos de salud. Para eso debió anunciar la concesión a una APP de la compra y distribución de medicamentos. Eso es lo que el Congreso debería aprobar.
En cuanto a reformas económicas para restablecer grados de libertad económica y formalizar y facilitar el crecimiento de los pequeños, solo hubo referencia al proyecto de ley de pequeña minería y minería artesanal, que es fundamental que se diseñe bien y se aplique mejor. Pero nada acerca de reemplazar los regímenes tributario y laboral por una sola escala gradual y progresiva, tal como han planteado Elmer Cuba, la CCL e IPAE, para facilitar la formalización y el crecimiento de las microempresas. Tampoco hubo referencia a la medida en que se está aplicando los Análisis de Impacto Regulatorio (AIR) a las normas que aprueba el gobierno, y menos aún al stock de normas, a fin de desregular la economía, tal como lo dispone el decreto legislativo 1565. Esto requiere un programa financiado por la banca multilateral. Es clave.
En cambio, sí anunció varias medidas populistas: incremento del sueldo mínimo a más tardar el último trimestre del presente año, lo que no haría sino golpear a las Mypes e informalizar aún más el empleo. Prometió evaluar el incremento de las pensiones de los jubilados, y anunció 100 soles adicionales al subsidio que se recibe en pensión 65. También una nueva escala remunerativa para los miembros de las fuerzas armadas y policía nacional.
Los aumentos en el sector público deberían estar vinculados al crecimiento del PBI, mediante una fórmula dada. Recordemos que el déficit fiscal -nuestra gran fortaleza macroeconómica- está saliendo de control.
Por supuesto, no expresó preocupación por la aprobación de leyes populistas por insistencia sin hacer caso a las opiniones técnicas del MEF, el BCRP o los sectores. Esto es muy destructivo. Pero lo permite para no incomodar a un Poder que pudiera vacarla apenas se convoque a elecciones. Lamentable. Lampadia
