Jaime de Althaus
Para Lampadia
No privatizar Sedapal es inmoral, ha advertido el economista Carlos Adrianzén. Y tiene razón. En Lima Metropolitana más de 1.2 millones de personas no acceden a la red de agua porque -informa el IPE- durante los últimos 12 años el porcentaje de hogares con acceso a agua y desagüe en la capital se ha mantenido estancado alrededor de 90%. En distritos como Pucusana, Ancón, Cieneguilla y Pachacámac, menos de la mitad de las viviendas accede a estos servicios. Los más pobres tienen que pagar mucho más.
Y no solo Sedapal. También las empresas de saneamiento municipales (EPS) de las principales ciudades del país, cuya gestión es aún mucho peor que la de Sedapal.
Esas empresas con frecuencia no facturan el agua que producen hasta en un 60%. Entonces no pueden mantener sus redes. El IPE revela que de las 50 EPS que operan en el país, 32 registran márgenes operativos negativos.
El Estado gasta más de 6 mil millones de soles al año para tapar los huecos presupuestales de esas empresas, que no son capaces de generar ingresos suficientes ni de mantener sus redes. Reciben plata para extender redes, y luego, si logran acabar la obra, no las pueden mantener. Muchas veces son botines laborales de los alcaldes o nidos de corrupción de mafias de trabajadores que incluso venden el agua por lo bajo para sus propios bolsillos. En la mayor parte de las ciudades las viviendas solo tienen agua unas horas al día.
No es posible que una prenoción ideológica premoderna -que el agua no puede ser privada- mantenga a la población sin un servicio de agua oportuno y que solo sirva para cobijar ineficiencia, clientelismo laboral y corrupción. Por lo demás, tampoco se trata de privatizar el agua. Se trata de concesionar el servicio, o, como mínimo, la gestión. Un camino es crear la Autoridad Autónoma del Agua Potable y Saneamiento, encargadas de administrar las concesiones.
Cuando no hay dueño los pillos se aprovechan. Y, tratándose de un servicio monopólico, no hay incentivos para servir bien al usuario.
Veamos la diferencia con los servicios que fueron privatizados.
La telefonía, por ejemplo. Antes de 1993, solo 3 de cada 100 peruanos tenía teléfono, debían esperar diez años y pagar hasta 2 mil dólares para obtener uno. El servicio se privatizó y hoy una línea fija se instala en tres días y hay 130 celulares por cada 100 habitantes.
En cambio, el servicio de agua potable no se privatizó. Entonces la cobertura avanzó lentamente y quienes tienen agua potable todo el día solo llegaban al 56% el 2019.
Pero la diferencia más notoria se da en las tarifas. Mientras las tarifas de internet desde celulares bajaron (aunque en parte debido a los avances tecnológicos), las del agua subieron, como podemos ver en los siguientes cuadros.
Fuera del hecho de que los pobres pagan doce veces más por agua en baldes que tienen que cargar.
No importa de qué color sea el gato, con tal de que cace ratones, decía Deng Xiaoping.
La inversión privada es mucho más eficiente incluso en los servicios públicos. Lampadia
