Por: Anthony Laub
Perú21, 21 de febrero de 2020
Perú21, 21 de febrero de 2020
Villa El Salvador despertó el pasado 23 de enero con un virus tan mortal como el coronavirus, que ha traído el deceso de 30 peruanos. Ese virus que infecta el país es la informalidad; esa que impera en el mercado del GLP y ha causado esta tragedia frente a la inoperancia y negligencia del fiscalizador, responsable de su propagación.
Han tenido que morir 30 peruanos para que, finalmente, se cuestione al Osinergmin y se someta a este organismo a una imperiosa reorganización. La respuesta frente a las actividades informales en ese mercado siempre fue la misma: no fiscalizamos a informales. En otras palabras: solo hacemos la “chamba fácil”, esa que es draconiana con los formales.
A esos pocos, se les cobra el 1% de sus ventas (millones de soles anuales). A esos, se les exige “estándares suizos”. A esos, se les multa ante cualquier descuido. Para esos, sí hay fiscalizadores, pero, a los que están fuera de la ley, se les deja libres para hacer lo que quieran; incluso matar a 30 peruanos. No más muertes, por favor.
Vemos cómo el GLP es transportado en bicicletas, motos, triciclos, mototaxis,camionetas y camiones-bomba, como el de VES, frente a la complacencia y displicencia del Osinergmin.
Se creó Osinergmin para garantizar que las actividades en energía beneficien a los usuarios con un servicio seguro, confiable y continuo, velando por evitar distorsiones en el mercado que afecten esos servicios. Claramente, ese objetivo no se ha cumplido.
Tienen que salir todos los que dirigen esa entidad, cuya mayoría vive enquistada en esta institución desde su creación. 30 peruanos fallecidos y 30 millones de peruanos lo exigimos.
