Por: Felipe Morris, Economista
Gestión, 22 de octubre de 2020
En las últimas semanas, la Comisión de Reforma Previsional ha aprobado varias propuestas para modificar el sistema de pensiones peruano que son muy perniciosas, ya que representan un gran retroceso.
Las propuestas para efectos prácticos estatizan todo el sistema de pensiones. Esta comisión ha aprobado dos propuestas que son terribles: (i) que todos tengamos que aportar obligatoriamente a un sistema público de reparto y (ii) que ambos sistemas estén gestionados bajo una entidad centralizada estatal, el Organismo Público de Pensiones, que depende de la Presidencia del Consejo de Ministros, o sea subordinada al Ejecutivo.
Esta nueva entidad pública controlaría todos los aspectos del sistema de pensiones, incluyendo la administración de los aportes al sistema privado, ya que determinaría en qué se puede invertir los recursos.
Se está proponiendo una reforma masiva del sistema sin tener en claro las implicaciones económicas, financieras y regulatorias. Están promoviendo cambios de espaldas a las recomendaciones del MEF, la SBS y el BCR, sin considerar el tiempo que tardaría la SBS en emitir un nuevo marco regulatorio y en aplicarlo. Al hacerlo, se pone en riesgo el futuro de los peruanos en la vejez. No se requiere una reforma tan radical que se está aprobando con muy poca transparencia, ya que se desconocen los detalles de la misma y la justificación técnica de las modificaciones.
El sistema de pensiones solo necesitaba ajustes muy puntuales para resolver cuatro problemas específicos que tiene en la actualidad: (i) las bajas pensiones en la jubilación debido a que no existe una pensión mínima para los jubilados de las AFP, lo que se resuelve garantizando una pensión mínima vital a los que aportan al menos 240 veces durante su vida laboral, con recursos del Estado y no de los propios aportantes, como proponen, (ii) la falta de pensión al jubilarse como resultado de la ley 95.5, lo que se arregla modificándola para requerir que al momento de jubilación uno tenga que comprar una renta vitalicia que al menos cubra una RMV; (iii) la baja cobertura que implica que muchas personas no contribuyen a ninguno de los dos sistemas existentes, que se puede resolver con esquemas de contribución mixta con complemento del Estado para incentivar los aportes y obligando a los independientes a aportar, y (iv) los altos costos de administración que se resolverían unificando el “back-office” del SPP y ampliando el tipo de instituciones que pueden administrar los fondos. Estos cambios permitirían unificar los dos sistemas sin cambios traumáticos.
Estas son reformas simples de implementar que no requieren estatizar el sistema creando una nueva burocracia, como ya hemos tenido en el pasado, y obligando a todas las personas a contribuir a un sistema de reparto donde van a perder la propiedad de una parte de su ahorro y donde las decisiones de dónde se debe invertir los fondos dependerán de burócratas. Lo que se requiere es una reforma que asegure que todas las personas que se jubilen puedan contar con una pensión que reduzca su riesgo de caer en pobreza en esa etapa de su vida, otorgando una pensión vitalicia que sea suficiente y cierta, y que tengan acceso a servicios de salud durante toda esa etapa. Se están proponiendo grandes cambios que no nos garantizan que esto ocurrirá.
¿Nos podemos defender como sociedad de este despropósito de destruir un sistema, que aun con sus falencias, provee pensiones más altas que en el sistema público; ha generado altas tasas de retorno a los afiliados y permitió desarrollar nuestro mercado de capitales y financiar importantes proyectos de infraestructura?
