Por: José Carlos Saavedra, Socio y economista principal de ApoyoConsultoría
El Comercio, 20 de febrero del 2022
“En lugar de estar enfocado en solucionar esta crisis de inseguridad, tenemos un Ministerio del Interior también en crisis”.
El presidente Pedro Castillo, en sus 7 meses en el cargo, es el mandatario que más ha mencionado la palabra “pueblo” en sus declaraciones públicas, en comparación con sus antecesores más recientes. De acuerdo con el análisis realizado por El Comercio, Castillo habría apelado “al pueblo” más de 300 veces durante su mandato, 250 veces más que el siguiente expresidente Ollanta Humala. Y en más de una ocasión ha señalado que “le consultará al pueblo” antes de tomar decisiones importantes en su Gobierno.
No obstante, a pesar de la reiterada mención a la voluntad popular, las prioridades, las acciones y las políticas de su gobierno parecen mas bien en contra de las demandas de la población. De hecho, una reciente encuesta realizada en el ámbito nacional por Ipsos Perú evidencia de manera contundente- política fuertemente respaldada por el mandatario – esta muy alejada de los principales pedidos del pueblo.
Por el contrario, la demanda popular esta enfocada principalmente en tres grandes aspectos: la lucha contra la delincuencia, la reactivación económica y la generación de empleo, así como la lucha contra la corrupción.
La primera exigencia, la lucha contra la delincuencia y la inseguridad ciudadana, es respaldada por más de la mitad de la población. No es para menos. El nivel de inseguridad ha empeorado de manera alarmante en los últimos años. Evidencia de ello es que el porcentaje de la población en el ámbito nacional que ha sido victima de un delito cometido con arma de fuego alcanzo el 14% en el 2021, muy por encima de los niveles del 2018 (10%) o 2015 (8%).
Mas aún, el número de denuncias de autos robados creció 34% entre el tercer trimestre del 2020 y el tercer trimestre 2021, mientras que los casos de trata de personas se incrementaron en 78%, y los de violencia sexual en 30%, crímenes que afectan principalmente a mujeres jóvenes menores de edad (INEI, 2021). Aún así, en lugar de estar enfocado en solucionar esta crisis de inseguridad, tenemos a un Ministerio del Interior también en crisis y observamos indicios que comprometen al gobierno en el debilitamiento de los órganos de inteligencia policial y en la inferencia en el proceso de ascensos policiales.
La segunda gran demanda es la creación de puestos de trabajo y la reactivación económica. Si bien el PBI ya ha recuperado sus niveles prepandemia, esta mejora no ha venido acompañada por la creación de empleo de calidad. Por el contrario, los empleos que se han generado en los últimos 2 años han sido empleos precarios, de baja productividad y bajos salarios. Por ello, los ingresos promedio de los trabajadores urbanos han caído cerca de 17%, en términos reales, y el número de empleados adecuados ha caído 15%, ambos en comparación con los niveles previos a la pandemia (INEI, 2021).
Frente a esta situación, el gobierno ha decidido dar la espalda a los millones de trabajadores que sufren la precariedad de un empleo informal. El Ejecutivo se ha enfocado en la entrega temporal de bonos a las familias, la implementación de subsidios y el anuncio de medidas que harán más rígida la regulación laboral, pero no a generar las condiciones que incentiven a las empresas a contratar formalmente.
Todo lo contrario, la incertidumbre generada por el gobierno y el deterioro regulatorio (que también proviene del Congreso) son las principales limitaciones al crecimiento de la inversión privada, que es la única fuente sostenible de creación de empleos formales.
Como resultado, las familias peruanas están sufriendo un deterioro en su capacidad de consumo. Según una encuesta que ApoyoConsultoria encargo a Ipsos, el 65% de la población considera que sus ingresos son mas inestables o precarios que antes de la pandemia y mas del 40% ha tenido que reducir su consumo debido al alza de precios (Ipsos, enero 2022).
El tercer pedido mas mencionado es la lucha contra la corrupción. Sin embargo, los indicios de corrupción son generalizados y por eso un 54% de la población percibe que esta ha aumentado durante este gobierno (Ipsos octubre 2021). La población efectivamente exige cambios radicales, pero no en la constitución, sino en la gestión pública. Hacia una que garantice buenos servicios públicos, que fomente la creación de empleo de calidad y que esté libre de corrupción.
En contraste, tenemos una evidente degradación de diversas entidades del Estado -que ya empieza a mostrar su impacto negativo en el día a día de la población- y un gobierno que ignora las verdaderas y muy legítimas demandas ciudadanas.
Por eso es razonable que el 69% de la población desapruebe la gestión del presidente castillo, que 65% crea que debe renunciar y que 53% señale que está o podría estar a favor de su vacancia (Ipsos, 2022). Por esa misma razón, también es razonable esperar que la salida de esta crisis (la que sea) no será completa ni sostenible si estas demandas continúan siendo ignoradas.
