Por Enrique Pasquel
(El Comercio, 08 de octubre de 2015)
Mientras todos los organismos multilaterales le echan agua a las proyecciones del MEF y dicen que vamos a crecer menos del 3%, ya se empieza a escuchar el coro de quienes –como si se tratara de buenas noticias– anuncian que “ya se agotó el modelo económico del libre mercado”. Su receta: regresar a fórmulas de algún tipo de dirigismo económico estatal que nuestro país ya ha probado –con paupérrimos resultados– en un pasado aún no tan distante.
Pero, ¿realmente se agotó el modelo liberal? La respuesta a esta pregunta no es cuestión menor. Pero es importante partir por apuntar que hay mucha confusión respecto de qué modelo económico existe en el Perú actualmente. Y, como suele suceder, un mal diagnóstico suele llevar a un pésimo remedio.
Veamos qué dice el elocuente Índice de Libertad Económica de la Fundación Heritage y el Wall Street Journal acerca de qué tan libre es nuestro mercado. En 1995, año para el cual ya se habían revertido varios de los principales esquemas estatistas que venían desde el velascato, nuestro país obtuvo una puntuación de 56,7 sobre 100 puntos (siendo 100 el mayor nivel de libertad económica). En este momento, el índice nos ubicaba dentro de la categoría de “países moderadamente libres”. El mayor puntaje que hemos obtenido desde ese momento ha sido en el 2001, año en el cual llegamos a 69,6 puntos. En la última medición, la del año pasado, logramos 67,7 puntos. Nunca, es muy importante señalarlo, hemos escapado de la categoría mencionada, a diferencia por ejemplo de Chile, que se encuentra entre las naciones “mayormente libres”. Ningún país latinoamericano, vale la pena decirlo, ha logrado ubicarse en la categoría de “economía libre”. ¿Tenemos entonces un modelo económico liberal? Ni por asomo.
El modelo económico peruano tiene cuatro características. 1) Responsabilidad macroeconómica. 2) Aranceles bajos. 3) Gran intervencionismo estatal y populismo en el mundo de las licencias, los permisos, las regulaciones y la burocracia. 4) Un estado incapaz de hacer cumplir la ley para evitar que turbas paralicen por la fuerza inversiones que cuentan con todos los requisitos legales. En buena cuenta, somos libres y responsables en lo macro y en lo que toca a nuestra política arancelaria. Pero en lo micro somos una curiosa mezcla de estatismo (ahí donde el Estado sale sobrando) y desgobierno (en los casos en los que el Estado sí es necesario). Un Frankenstein económico.
No es casual que, como señaló hace dos días en estas páginas Roberto Abusada, de acuerdo al Instituto Peruano de Economía, entre el 2008 y el 2014 no se ejecutaron US$21.515 millones de la cartera de proyectos mineros solo por la combinación de la maraña burocrática estatal y la conflictividad social.
El último episodio de esta historia es la desaceleración de la economía. Nuestra responsabilidad macro y nuestros aranceles bajos no bastan para seguir creciendo a toda velocidad, pues la burocracia y la falta de imperio de la ley siguen desincentivando las inversiones. Somos como un corredor a quien se le han retirado los obstáculos de la pista, pero que lleva pesas amarradas a los talones: no se le puede pedir que mantenga el paso por mucho tiempo.
Lo más dramático es que la desaceleración está impidiendo la reducción de la pobreza, pues, según César Peñaranda de la Cámara de Comercio de Lima, para evitar que la pobreza suba tenemos que crecer 3,5%. Y esto puede complicarse aún más si, por diagnósticos errados, terminamos adoptando soluciones estúpidas.
