Editorial El Comercio
El Comercio, 14 de junio de 2017
En más de una ocasión hemos lamentado en esta página lo contraproducente y perjudicial que resulta para el país que nuestros políticos aprovechen cualquier evento noticioso para lanzar propuestas altisonantes y demagógicas, cuyos efectos duran bastante más que la atención mediática que las motivan.
A lo largo de los últimos días, el caso del producto lácteo Pura Vida ha servido para remarcar esta práctica tanto en nuestros congresistas como en el Ejecutivo.
Como ahora se sabe, en mayo pasado la Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos (Aupsa) suspendió la importación y comercialización de la marca Pura Vida en dicho país. Esta decisión, según se precisó en un comunicado, se debía a que la etiqueta contenía imágenes y texto que “pueden llevar a ideas erróneas de la naturaleza del producto”. En declaraciones al diario panameño “La Prensa”, sin embargo, un representante de Aupsa aclaró que Pura Vida “no representa un daño al consumidor panameño, pero su etiquetado no corresponde con las normas establecidas”.
El eco en el Perú no se hizo esperar. Las entidades competentes que tendrían que decir algo al respecto son dos: la Dirección General de Salud (Digesa) sobre la conformidad entre la denominación del producto y la información de su composición en el rotulado, y el Indecopi acerca de la publicidad que se utiliza en la etiqueta del envase.
El Indecopi respondió primero la semana pasada dictando una medida cautelar de “inmovilización y cese de la venta de todos los lotes del producto Pura Vida Nutrimax a nivel nacional” hasta que la Digesa “se pronuncie sobre la revisión del registro sanitario”. Una decisión que llamó al asombro, pues suponía una medida drástica sin contar aún con evidencia concluyente. Más aun, en lugar de requerir el cambio de etiqueta, se optó por la prohibición máxima sin que hubiera indicios de que el producto fuera dañino.
Dos días después, en un comunicado del 9 de junio, la Digesa informó al público que había realizado una inspección a la empresa Gloria S.A. en la cual se había “verificado que los componentes utilizados” en el producto Pura Vida Nutrimax no eran consistentes con la información que la empresa presentó para obtener su registro sanitario.
De comprobarse ello, lo que correspondería, de acuerdo a ley, es que la empresa fabricante sea sancionada, y que tanto rotulado como publicidad sean rectificados. En la búsqueda de protagonismo, sin embargo, otras autoridades políticas han aprovechado la oportunidad para llevar el caso a fronteras insospechadas.
El 7 de junio, cuando aún no se conocían los resultados de las inspecciones de la Digesa, algunos congresistas presentes en la sesión de la Comisión de Defensa del Consumidor y Producción como Richard Arce (Frente Amplio) ya clamaban: “¡Quítenle el registro sanitario!”, secundado por Jorge del Castillo (Apra): “[Hay que] quitarle hoy, no mañana, hoy, el registro sanitario”. Por su parte, Gilbert Violeta (PPK) calificaba el caso como “un crimen contra la salud pública del Perú”, y Roberto Vieira (independiente) aseveraba: “No es posible que en los sitios más pobres, donde esa lata de leche miserable consumen ocho personas, ocho niños [sic]”, pese a que en ningún momento ha estado en tela de juicio la inocuidad del producto.
Por parte del Ejecutivo, ayer la ministra de Salud, Patricia García, se sumó a la ola de gestos al anunciar que se revisarán no solo los más de 500 registros sanitarios de productos lácteos sino también de fórmulas para infantes. Y unos días antes, el ministro de Agricultura, José Manuel Hernández, había dado a conocer que su gestión publicaría esta semana un “reglamento de la leche”. Un anuncio que lleva a interrogar exactamente cuál es la finalidad de esa futura norma y si es que no está sustentada únicamente en el deseo de mostrar que algo se está haciendo.
Así las cosas, no debería sorprendernos que un problema que debería ser resuelto por las instituciones competentes aplicando la legislación vigente termine con una reforma constitucional que declare el acceso a la leche vacuna como un derecho fundamental y un reglamento sobre los estándares de ordeño en los establos peruanos.
El problema con las reacciones demagógicas y las regulaciones por anécdota es que suelen producir el efecto contrario al deseado, y probablemente sean los consumidores los que terminen llorando sobre la leche derramada por nuestras autoridades.
