Mientras US$41.000 millones de inversiones mineras, energéticas, y en infraestructura están paralizados, el titular del MTC vuelve a anunciar US$20.000 millones de inversión en transportes y comunicaciones al 2016. Días antes, comentaba que es deseable evitar la firma de contratos de concesión de vías con un montón de vacíos y ambigüedades que después generan problemas. Y el ministro Castilla acertadamente comenta que no se avanza porque los funcionarios de segundo y tercer nivel no cumplen las órdenes impartidas.
Desenredemos esto. La inversión en grandes proyectos está paralizada por trabas. La causa principal es el temor de los funcionarios a tomar decisiones que pueden conducir a juicios en los años siguientes. En cambio, el no tomar decisiones no acarrea sanciones. A esto se suman los prejuicios de funcionarios a todo nivel, respecto a que los empresarios privados solo buscan beneficios desmedidos.
La solución no pasa por la formación de comisiones ministeriales, el anuncio de reformas globales o declaraciones de emergencia. Las trabas hay que solucionarlas desde dentro, allí donde ocurren, una por una.
En infraestructura, por ejemplo, las licencias y permisos se dejan a cargo de los concesionarios, mientras que el concedente, Pro Inversión, y el regulador se desentienden. En minería, la consulta previa y la licencia social se han entrampado, el gobierno está enredado en su propio diseño y no encuentra salida.
Nadie dice que los procesos de concesión de infraestructura son simples y fáciles. Al contrario, cuanto más grande el proyecto mayor el reto. En todos los países donde se procesan asociaciones público-privadas (APP), Inglaterra incluida, se enfrentan dificultades. Pero esto no justifica la inacción ni la parálisis que se observan aquí.
La política actual de encargar a Pro Inversión docenas de proyectos de APP que se postergan sucesivamente no es eficiente. En cambio, la Municipalidad Metropolitana de Lima ha encontrado el camino y viene procesando con buenos resultados US$3.500 millones en APP a partir de iniciativas privadas (IP).
Las IP funcionan mejor porque, tras identificar una necesidad, el privado estudia el proyecto y lo presenta al sector o la región que corresponda para que sea evaluado, declarado de interés y concursado. El Estado no gasta en el estudio, el estudio está bien hecho, si no la inversión sería un mal negocio para el proponente, y se acorta el proceso.
Por tanto, si el Gobierno desea lograr resultados, sería conveniente que invite al sector privado a presentar iniciativas privadas, auto-sostenibles y cofinanciadas, en sectores seleccionados en el ámbito del gobierno nacional y de los gobiernos regionales, señalando montos globales atendibles cada año.
Sería sumamente sensato promover IP y APP en salud, educación y penales, sectores eternamente en crisis.
Lo anterior parte de la premisa de que hay voluntad política para destrabar las inversiones. Pero los acontecimientos recientes y una total dejadez gubernamental revelan que quizá hay un plan en marcha para parar la inversión, porque al parar la inversión se para el modelo económico en curso hace dos décadas. ¿Es esta una situación involuntaria o el cambio de modelo está en marcha?
(Tomado de El Comercio, 20 de mayo, 2013)
