Editorial El Comercio, 16 de Mayo de 2017
A mediados de abril, la señora María Ferruzo, entonces secretaria general del Ministerio de Defensa, fue objeto de una denuncia periodística por haber utilizado un vehículo oficial para ir a la peluquería. A raíz de ello, fue sometida a un proceso disciplinario administrativo, y el titular del sector, Jorge Nieto, anunció que estaba “reevaluando” su gestión.
Ahora, por una resolución aparecida este domingo en “El Peruano”, nos hemos enterado de que ella ha renunciado al cargo que ostentaba y se le han agradecido los servicios prestados. Nada sabemos, sin embargo, del resultado del proceso disciplinario ni de la reevaluación que condujo el ministro.
Es cierto que la falta cometida era menor y que, en esa medida, la solución que se le diese al caso no tendría que haber requerido, en principio, un pronunciamiento suyo al respecto. Pero desde el momento en que las delicadas materias que la denuncia trajo consigo –la evidencia de que la funcionaria había sido seguida y filmada– lo obligaron a involucrarse en el trato del asunto frente a la prensa, Nieto no podía dejar pasar esta renuncia sin darle una explicación a la opinión pública.
El silencio del ministro, no obstante, se vuelve doblemente preocupante si recordamos que, con ocasión de sus declaraciones sobre este caso, él denunció también haber sido víctima de un “reglaje”, con el agravante de que sugirió que el origen del mismo podía estar en las entrañas del propio Estado.
“Me van a entregar fotos de un reglaje que, me informan, me han hecho a mí”, fue lo que dijo él en una entrevista en Canal N, el 30 de abril. Y también: “Hay remanentes del pasado en todos los ministerios del Perú y esos siguen actuando y medrando el presupuesto nacional”. Una circunstancia que, de ser cierta, sería muy alarmante en el caso de cualquier ministro, pero que tratándose del titular del sector Defensa adquiere una gravedad insoslayable y plantea un problema de seguridad interna que demandaba una respuesta perentoria.
Más de dos semanas han pasado, sin embargo, desde entonces. Y, como en lo que concierne al problema de la señora Ferruzo, nada hemos sabido al respecto. Es evidente que desde el gobierno se trató de bajar los decibeles de la denuncia de inmediato, pues primero se dijo que el tema sería abordado en Consejo de Ministros (varios días después de haber sido notificado a la ciudadanía por Nieto), y luego el presidente de la República pareció intentar convertirlo en una broma cuando dijo: “A mí no me sigue nadie, pero de repente a él sí”. O por lo menos pasarlo por agua tibia, con su ligera afirmación: “Yo creo que quizás se interpretaron mal algunas frases en una entrevista”.
El propio ministro de Defensa dio la impresión de querer darle largonas al reporte sobre lo ocurrido cuando, ya a principios de mayo, fue consultado sobre el particular por la prensa y se limitó a responder: “Estamos trabajando en eso. No quiero dar fechas sobre [la] entrega del informe”.
El trance, empero, no es tan sencillo. El titular del despacho de Defensa no puede denunciar ante la opinión pública que ha sido reglado y luego pretender que el asunto caiga en el olvido. O bien lo que anunció originalmente frente a ella era real –y en consecuencia todos queremos saber los detalles y qué medidas se han adoptado ante el problema–, o bien fue una declaración sin asidero ni sustancia –en cuyo caso, tendría que asumir las responsabilidades correspondientes–.
Como suele suceder en el país, otros temas han copado la agenda política y noticiosa desde que se suscitó este problema, permitiendo que prácticamente desaparezca de los radares de los medios y el Congreso. Pero eso no convierte el mutismo oficial al respecto en adecuado.
El ministro de Defensa nos debe una explicación (o dos) sobre lo que ha ocurrido en su sector. Y si él es renuente a afrontar esa responsabilidad, habrá que demandarle al presidente del Consejo de Ministros que lo haga.
