Por: Editorial El Comercio
El Comercio, 26 de junio de 2019
Hace unos días, la congresista Luz Rebeca Cruz, de la bancada de Alianza para el Progreso (APP), presentó un proyecto de ley que tiene como objetivo principal modificar el capítulo económico de la Constitución para que este tenga la finalidad de “lograr la justicia social”. La iniciativa legislativa tiene poco de novedosa, habida cuenta de que hace eco de una serie de cuestionamientos –usualmente esgrimidos por la izquierda– que se han hecho a esta parte de la Carta Magna desde sus orígenes en 1993, como los que acusan una intención de beneficiar a los más ricos a costa de los más pobres y servir a los intereses de empresas extranjeras.
Lo preocupante del proyecto de la congresista Cruz, sin embargo, no se ubica tanto en los cambios concretos que este busca hacer a los principios generales de nuestro régimen económico, sino en las imprecisiones y falsedades que quedan albergadas en su exposición de motivos. Una situación que evidencia, no solo el desconocimiento de los congresistas que firmaron la iniciativa (entre los que destacan Luis Iberico y el ex primer ministro César Villanueva, ambos de APP), sino lo deficientes que han sido los últimos gobiernos a la hora de comunicar los beneficios que ha traído consigo el actual régimen económico.
Y es que, en definitiva, un poco más de información podría haber servido para evitar algunas de las aseveraciones temerarias que hace la propuesta en cuestión con respecto a los resultados económicos que ha traído nuestra Constitución. En distintos puntos de la exposición de motivos, por ejemplo, se asegura que “la brecha de desigualdad entre pobres y ricos se ha incrementado en los últimos años” y que el modelo “no ha podido reducir la pobreza ni la pobreza extrema”. Dos afirmaciones meridianamente falsas que ignoran el hecho de que la desigualdad se ha reducido de manera considerable entre 1998 y el 2017 (el coeficiente de Gini pasó de 0,56 a 0,43) y que la pobreza monetaria pasó de afectar a 49,1% de peruanos en el 2006 a 20,5% en el 2018, según el INEI (la institución también consigna que la pobreza extrema pasó de 13,8% a 2,8% en el mismo período).
Además, el proyecto describe la situación de la pobreza refiriéndose a cómo esta aumentó en el 2017, omitiendo que volvió a reducirse en el 2018 como lo había venido haciendo en los últimos 15 años.
Otra de las falsedades que expone la iniciativa tiene que ver con el régimen laboral, cuando asegura que “actualmente en el Perú el empresario puede despedir a los trabajadores con costos bajos o nulos o en el mejor de los casos con pequeñas e injustas indemnizaciones”. La verdad, como hemos comentado en más de una ocasión desde esta página, es todo lo contrario. El régimen laboral peruano es uno de los más rígidos del mundo, lo que ha llegado a colocarnos en el puesto 128 de 140 economías en el indicador de prácticas de contratación y despido de trabajadores del Índice de Competitividad Global del Foro Económico Mundial 2018. Una circunstancia que, asimismo, tiene mucha relación con el más de 70% de personas que permanecen en la informalidad en nuestro país.
En general, haría falta más de un editorial para abordar la plétora de inexactitudes y falsedades que el proyecto de la parlamentaria Cruz plantea. Pero la oportunidad nos permite hacernos una pregunta importante (más allá de la que cuestiona cómo siete congresistas de APP pudieron firmar este documento): ¿qué está haciendo el gobierno para dar a conocer los beneficios de un modelo económico que ha propulsado el crecimiento de nuestra economía por tantos años?
Esto último, sin duda, se hace especialmente importante en un contexto como el actual, en el que el Caso Lava Jato ha desprestigiado no solo a nuestros políticos sino a parte del sector privado que ha sido acusado de actos de corrupción (delitos que de probarse, como hemos dicho antes, merecen todo el peso de la ley). Con este marco se ha estado gestando entre ciertos sectores políticos la promoción de un cambio de Constitución como solución al problema, cuando la realidad es que buscan saldar una vieja ojeriza con su capítulo económico.
Sin embargo, queda claro que hoy el país no está para cuentos y se hace imperativo que el gobierno defienda el modelo que por tantos años nos ha hecho crecer.
