Por: Cecilia Valenzuela, Periodista
El Comercio, 16 de mayo de 2018
Todavía no se han cerrado las inscripciones de los distritos electorales para los comicios regionales del próximo octubre, pero Marco Arana, Zacarías Lapa y Justiniano Apaza, todos del Frente Amplio, ya comenzaron a hacer campaña.
Los tres perciben sueldo como congresistas de la República, pero en lugar de hacer el trabajo que les corresponde en el Congreso, la semana pasada encabezaron en Arequipa una marcha que no tenía otro objetivo que presionar a los jueces que deberán juzgar a los políticos locales que capitanearon la revuelta del 2015 en el conflicto por Tía María.
Ante un aforo de 200 personas, Arana acusó a este gobierno de perseguir y criminalizar a los líderes ambientales. Solo que los líderes que él defiende están acusados, por la Fiscalía Especializada contra el Crimen Organizado, de extorsión en agravio del Estado y asociación ilícita para delinquir: los procesados convocaron a un violento y vandálico paro regional que dejó cuatro muertos, entre ellos un policía, y mantuvieron a la población en ascuas mientras negociaban un millón y medio de dólares para su beneficio, como condición para terminar con la movilización.
Para el cabecilla Pepe Julio Gutiérrez, el protagonista del “audio de las lentejas”, la fiscal a cargo de la investigación, María Alejandra Cárdenas, ha pedido 30 años de cárcel, y para sus secuaces, 20.
Arana busca levantar a esos agitadores, la mayoría militantes de Tierra y Libertad, el partido político que el ex cura dirigía antes de cambiarse de nombre a Frente Amplio; anhela lanzarlos a las alcaldías distritales de los pueblos aledaños al proyecto minero.
Y apuesta por liberar de los cargos a Héctor Herrera, el abogado defensor de los procesados, implicado también en los sucesos luctuosos de hace tres años. Arana quiere a Herrera como candidato del Frente Amplio por la región Arequipa, eso a pesar de que la fiscal Cárdenas lo ha denunciado por asociación ilícita. La fiscal sostiene que el abogado fue parte de la organización que originó los violentos enfrentamientos en el valle de Tambo.
Con tal de agenciarse algo de poder, el Frente Amplio impulsa para cargos políticos a procesados y sentenciados por la justicia. Uno de los compañeros de Arana en el último mitin en Arequipa, Zacarías Lapa, congresista por Huancavelica, tiene una sentencia con prisión efectiva dictada por el Poder Judicial. Lapa no está en la cárcel gracias a la inmunidad parlamentaria.
Y si no son procesados o sentenciados, los militantes del Frente Amplio son afectos a la violencia política. El último domingo se reveló que la congresista Foronda contrató, consciente y oronda, para una destacada colocación en el Congreso, a una emerretista convicta y confesa.
Justiniano Apaza, el tercer participante del mitin, ya se había mostrado a favor de que los sentenciados por terrorismo intervengan en política. En junio del año pasado, Apaza dijo que Maritza Garrido Lecca y Martha Huatay debían poder participar si así lo deseaban.
Aunque Apaza dice cualquier cosa. En Arequipa, al tiempo que se oponía a la licencia para la construcción del campamento minero de Tía María, conminaba al gobierno a financiar en Islay la construcción de una represa y un hospital. Lo que no dijo el congresista es de dónde debían de salir los fondos para esas construcciones, si se opone a la inversión minera y al canon que esta dejaría.
