Por Fernando Rospigliosi.
Expreso, 17 de enero del 2022
Aunque parezca increíble, a estas alturas todavía hay algunos ingenuos que creen que es posible que el gobierno de Pedro Castillo y los “dinámicos del centro” se transforme y se modere. Por eso se han sorprendido cuando el Ejecutivo ha observado la ley del Congreso que reitera que la modificación o cambio constitucional tiene que pasar necesariamente por el Parlamento.
Esa es una manera de impedir que prospere la maniobra comunista para convocar ilegalmente una asamblea constituyente, cuya finalidad es establecer una dictadura chavista, como ocurrió en Venezuela y otros países admirados por Castillo y sus secuaces.
Obviamente eso no va a impedir que ellos persistan en ese objetivo. Las amenazas de Vladimir Cerrón son una muestra de ello. El partido de gobierno, Perú Libre, puso en un tuit: “El Congreso de la República está restringiendo al pueblo el derecho al referéndum, eliminando de esa forma el camino pacífico hacia la nueva Constitución y aperturando (sic) la válvula del camino violento. Marx, siempre tuvo razón, la lucha de clases es el motor de la historia.” Y Cerrón comentó “¡Toda la razón al Partido!”.
Naturalmente, cuando se refieren al “camino violento”, no están hablando de una insurrección contra el Estado, como la que iniciaron en 1980 sus antecesores Sendero Luminoso y el MRTA. Hace tiempo aprendieron que no pueden vencer a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional mediante el terrorismo.
Lo que están diciendo es que van a usar el poder del Estado que ahora detentan para ejercer la “violencia revolucionaria” contra los demócratas que se opongan a sus siniestros propósitos. Es lo que han hecho en Venezuela y muy recientemente en Nicaragua para perpetuar la dictadura de Daniel Ortega y en Cuba para impedir las manifestaciones de protesta.
Sus notables avances en el control político de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en los pocos meses que llevan en el Gobierno, son una evidencia inequívoca de lo que pretenden (mientras los caviares, obnubilados por su permanente interés de conseguir puestos en el Estado, distraen la atención con discusiones absurdas sobre nimiedades).
En tanto, la labor de demolición del país sigue avanzando con paso firme. Uno de sus últimos éxitos es la destrucción del proyecto de irrigación Majes Siguas en Arequipa, donde se conjugó el gobierno regional del corrupto socialista andino Elmer Cáceres Llica con el de Castillo.
Como señala Gabriel Daly, “el gobierno de Pedro Castillo se ha encargado de incinerarlo [un proyecto que tiene 50 años] en menos de seis meses, pese a una probada rentabilidad social”. (El Comercio, 15/1/22). Y agrega que no se trata solamente de torpeza, incompetencia e ignorancia sino un claro propósito de erosionar “los pilares del crecimiento económico” del Perú.
Así, ellos siguen progresando en el control del Estado y la destrucción de la economía, mientras algunos opositores se entretienen en disputas inconducentes.
