Diego Macera
El Comercio, 25 de octubre del 2026
“Siempre será políticamente popular ofrecer altas pensiones públicas, más puestos de trabajo estatales, exoneraciones fiscales y gastos diversos”, escribe Diego Macera, director del Instituto Peruano de Economía (IPE).
“Existe el disturbio y existe la insurrección; son dos iras; una está en un error, la otra está en su derecho”, escribió Víctor Hugo en Los Miserables. ¿Cuál es cuál en las protestas que han tomado partes de París, Marsella, Lille y otras ciudades francesas?
Los reclamos iniciales parecían razonables. En el colegio Saint Exupery a las afueras de París los profesores y equipo administrativo fueron a huelga en reclamo por falta de personal, salones abarrotados de alumnos, y pocos recursos para atender la creciente demanda educativa. A los pocos días, los alumnos de la institución se sumaron a la protesta e incluyeron nuevos pedidos, como el recorte de la jornada educativa. Poco después, otros centros educativos siguieron el ejemplo. A inicios de mes, el Ministerio de Educación contaba más de 1,000 colegios secundarios afectados, uno de cada cuatro en el país. “Existe también cierta diferencia en la intensidad calórica: la insurrección es frecuentemente un volcán, la sublevación es frecuentemente un fuego de paja”. Definitivamente, aquí se trataba de la segunda categoría de Víctor Hugo.
Si bien las protestas han sido en parte cooptadas por la izquierda de Jean-Luc Mélenchon en su intento por fortalecerse antes de las elecciones presidenciales del próximo año, por ahora los reclamos centrales que se pueden distinguir son más materiales que ideológicos. Nada descarta que las manifestaciones de hoy eventualmente tomen el rumbo de las protestas estudiantiles de mayo de 1968 -con un fuerte tono anticapitalista, sindicalista y antisistema-, pero actualmente esta ha sido una parte minoritaria de la amplia y desperdigada agenda de reclamos. Una encuesta a 60 mil estudiantes colocaba entre sus tres primeras prioridades mejorar la organización del tiempo escolar, modernizar la infraestructura educativa, y solucionar la escasez de profesores. Algunos sin duda aprovecharon el descontento estudiantil para levantar otras banderas políticas -además de prender fuego a instalaciones públicas y privadas, enfrentarse a la policía, y saquear con impunidad-, pero los pedidos iniciales no iban por ahí.
Esta distinción importa y abre espacio a una reflexión más amplia. ¿No puede acaso Francia, un país rico, proveer educación de calidad y en espacios cómodos a su juventud? Lo primero es notar que -a pesar de las limitaciones en algunas zonas- los resultados educativos de Francia no son especialmente malos. En la última Prueba Pisa, por ejemplo, aparece apenas por debajo de Alemania, Holanda y Suecia, y por encima de Dinamarca, España y Noruega. Mal que bien, lo que uno esperaría. Por supuesto que esto no justifica condiciones inadecuadas
de aprendizaje para las poblaciones más vulnerables, pero sí pone un matiz adicional sobre la situación educativa general del país.
Entonces, insistimos, ¿no podría Francia simplemente cerrar estas brechas? Aquí vale la pena también notar que Francia ya gasta más en educación que el promedio de la OCDE como porcentaje de su PBI. De hecho, el Estado Francés gasta más que el promedio de la OCDE en casi todos los rubros habidos y por haber del sector público. Curiosamente, los únicos dos sectores en lo que gasta menos o igual que la OCDE, como proporción del tamaño de su economía, son Defensa y Orden Público.
El problema de fondo empieza a tomar forma. Francia es el país de la OCDE con el mayor nivel de gasto público como porcentaje de su PBI (57%), solo comparable con Finlandia. La cantidad total de trabajadores en el sector privado, entre dependientes e independientes, suma 24 millones de personas. Estos y las empresas privadas en las que operan son quienes -al fin del día- producen y cubren el gasto del Estado con sus impuestos. Del otro lado, entre trabajadores del sector público y pensionistas (jubilados a lo ONP) hay cerca de 23 millones de personas. Es casi un trabajador privado por cada dependiente público.
De hecho, contando lo que paga también el empleador, un trabajador francés promedio del sector privado aporta 27.8% de su sueldo en contribución para pagar pensiones (que se usa para financiar a los jubilados actuales), cuando el promedio de la OCDE es 18.8%. En sector público es aún más dramático. Si al Estado le cuesta en promedio 6400 euros al mes contratar a un profesor adicional promedio de secundaria, este recibe en neto solo cerca de 2600 euros. La mayor parte de la enorme diferencia se va en financiar pensiones. Y, aun así, esto se queda corto. Estas cotizaciones financian solo dos tercios del sistema de pensiones; el resto debe salir, principalmente, de impuestos.
Y esto es solo pensiones. Podríamos seguir con pagos de desempleo y otros beneficios. Un esquema de redistribución interno tan agresivo es casi imposible de sostener. Muy pocas personas financian a demasiadas. La brecha entre lo que entra y lo que sale se debe cubrir con uso de ahorros o préstamos. La deuda bruta del gobierno de Francia es cercana a 120% de su PBI, y sus acreedores han empezado a preocuparse en serio. Su bono a diez años rinde más de 5% por primera vez desde el 2002, un indicador de que ahora los inversionistas demandan más rentabilidad para asumir el riesgo de la deuda francesa.
El sistema francés, en otras palabras, está desfinanciado en buena cuenta porque los generosos beneficios que ofrece no pueden pagarse si la producción no crece a igual ritmo. Esa es una relación relativamente simple y bastante intuitiva, y el Perú haría bien en tenerla en mente.
Siempre será políticamente popular ofrecer altas pensiones públicas, más puestos de trabajo estatales, exoneraciones fiscales y gastos diversos. El problema es que el presupuesto público tiene un límite, y este lo marca el crecimiento económico que se debe promover para financiar todo lo anterior. Esta última parte no ha sido priorizada por años en Europa, y Francia no es la excepción. Más aún, una mano tan pesada del Estado distorsiona las decisiones de las empresas y de las personas sobre qué producir, en qué trabajar, o cuánto esforzarse. Los incentivos de ponen de cabeza cuando el que no produce recibe lo mismo que el que sí lo hace. Al final del día, el costo al final de estas distorsiones lo paga toda la sociedad, aunque a primera vista no sea obvio.
Los salones escolares de las zonas vulnerables de Francia seguramente necesitan mejor infraestructura. Más profesores capacitados serían bienvenidos. ¿Pero es realmente ese el problema central? “¿De qué se compone un motín? De todo y de nada”, escribía también Víctor Hugo.
