Juan Carlos Mathews
Perú21, 21 de octubre del 2026
«El equilibrio fiscal no consiste solo en limitar el gasto, sino en gastar e invertir bien».
Conceptualmente, la política fiscal comprende las medidas que aplica el Estado, a través del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), para administrar los ingresos públicos, principalmente los impuestos recaudados por la Sunat, y el gasto público.
Su objetivo es contribuir a la estabilidad macroeconómica, al crecimiento sostenido y al cierre de brechas sociales mediante inversiones en salud, educación e infraestructura. A diferencia de la política monetaria, que conduce autónomamente el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), la política fiscal corresponde al Poder Ejecutivo, a través del MEF.
Como ocurre en una empresa o una familia, es necesario fijar límites para evitar gastos excesivos. En el Estado existen las reglas fiscales. En el Perú se apunta, a mediano plazo, a un déficit fiscal del 1% del PBI y a mantener la deuda pública por debajo del 33% del PBI, un nivel considerado sólido por el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Sin embargo, el equilibrio fiscal no consiste solo en limitar el gasto, sino en gastar e invertir bien. Muchas veces el problema no es la falta de recursos, sino su utilización deficiente, sea por incapacidad de gestión o corrupción.
Veamos dos casos. Cajamarca albergó uno de los yacimientos auríferos más importantes del mundo, explotado con participación de Buenaventura y Newmont, y sigue figurando entre las regiones más pobres del país. Algunos utilizan esa contradicción para cuestionar a la minería y a la empresa privada. Pero la minería formal aporta recursos mediante canon y regalías. ¿Qué ocurrió con ellos? ¿Por qué no se tradujeron en un cierre efectivo de brechas sociales?
El segundo caso es la prevención ante el fenómeno El Niño. Pese a contar con recursos, diversos gobiernos regionales no los han ejecutado oportunamente para proteger actividades productivas y, sobre todo, vidas humanas. ¿No es esto también un problema ético?
Con una pobreza monetaria del 25.7% y una pobreza extrema del 4.7%, el Perú no puede permitir que los recursos disponibles se desperdicien por mala gestión o corrupción. Debemos asegurar que se destinen efectivamente al cierre de brechas sociales.
En los quince años previos a la pandemia, bajo el modelo de economía social de mercado, la pobreza monetaria se redujo del 50.2% al 20.5%. Pero el componente “social” de ese modelo no puede quedarse en el discurso: debe expresarse en servicios públicos de calidad y bienestar sostenido para más peruanos.
