Jaime de Althaus
Para Lampadia
Va a ser difícil la gobernabilidad con una oposición mayoritaria de izquierda intransigente en la cámara de Diputados.
Imagen solicitada a Grok
Incluimos en la izquierda a Buen Gobierno, pues para efectos prácticos así ha sido hasta ahora.
En la comisión de Constitución del Senado podría haber un consenso con uno o dos miembros de esas bancadas para incorporar algunas pocas facultades más en seguridad, que se requieren para que las fuerzas armadas puedan actuar en el Comando Unificado contra organizaciones criminales, o para que puedan controlar y concesionar el control externo de los penales, por ejemplo, o para fortalecer el sistema de inteligencia, pero los diputados siguen presionando para que no se agregue ni una coma a la raquítica delegación de facultades por ellos aprobada.
Incluso la diputada de Renovación Popular Roxana Rocha insiste en que el Senado no cambie nada, como si se hubiera sumado a la izquierda. Ella fue la que aceptó que no se incluya ninguna facultad vinculada a desregular, agilizar y modernizar el Estado. Increíble. Con esos aliados la cosa se complica aún más.
El constitucionalista Victor García Toma ha elaborado un informe en el que explica el concepto de “conexión material”, para argumentar que el Senado puede agregar algunas funciones a las aprobadas por Diputados si es que están conectadas a la materia aprobada, que en este caso es la seguridad. Este asunto tiene que resolverse de la manera más inteligente y racional posible, para que la cámara de diputados no se convierta en una fuente de bloqueo permanente.
Pero si eso llegara a ocurrir, no le quedará al gobierno otra salida que plantear cuestión de confianza por proyectos de ley que se requiera aprobar. Porque el impasse no puede durar para siempre.
Por ejemplo, un proyecto de ley que será enviado al Congreso en los próximos días será el de la ley MAPE, que también es importante en la lucha contra la criminalidad porque la formalización de los mineros informales y el ordenamiento de ese sector es la mejor manera de empezar a reducir la minería ilegal y criminalidad asociada a ella.
Esa ley plantea poner fin al REINFO, pero crear un régimen de consolidación hasta fines del 2028 para terminar de formalizar a quienes están aún en ese registro, simplificando los instrumentos como el IGAFON y otros y creando un Organismo Nacional para el Fortalecimiento de la Minería Artesanal y Pequeña Minería (FORMAPE), que dará asistencia técnica, supervisión y trazabilidad. Una vez formalizados pasan al régimen ordinario, al que también pueden aspirar directamente quienes empiezan o tienen una labor.
Habrá incentivos para firmar contratos de explotación (el único responsable ambiental será el pequeño minero y no el concesionario, por ejemplo), condicionamientos a las concesiones “especulativas”, y derechos de preferencia en las concesiones extinguidas. Y un conjunto de otras disposiciones.
Las garantías de que esta vez sí funcionará el proceso de formalización son tres:
que se simplifica,
que habrá continuidad de funcionarios en el ministerio de Energía y Minas y
que, además, dicho ministerio ha entrado en reorganización para recuperar capacidad profesional.
El hecho es que seguramente habrá en Diputados una batalla contra la ley MAPE porque ya existe un proyecto de ley de Juntos por el Perú para prorrogar el Reinfo cuatro años más.
Esperemos que bancadas como las de Buen Gobierno y Ahora Nación no jueguen esta vez con la extrema izquierda, que solo quiere el caos y el reino de todos contra todos.
Lampadia
