Editorial El Comercio
5 de mayo de 2020
El aparato estatal peruano no era una máquina eficiente y equipada antes de la aparición del COVID-19. En ese sentido, no había muchos motivos para esperar que de pronto se convirtiese en una. Las limitaciones del sector público en los campos de salud y economía iban a irse haciendo obvias conforme la enfermedad y el confinamiento fueran ganando protagonismo y ejerciendo presión sobre los sistemas. De eso no había duda.
Aun así, la lentitud que ha mostrado este gobierno en asuntos de primera importancia es preocupante. Decíamos en estas páginas la semana pasada que los trabajadores y las empresas necesitaban mayor claridad sobre cuándo y cómo podían retomar sus actividades, y que había transcurrido ya tiempo suficiente desde el inicio de la cuarentena como para tener un plan claro al respecto. Finalmente, entonces, el Ejecutivo publicó el Decreto Supremo 080-2020-PCM, que “aprueba la reanudación de actividades económicas en forma gradual y progresiva dentro del marco de la declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional”. De acuerdo con el documento, el plan tiene cuatro fases para su implementación. La primera, a iniciarse este mes, incluye subsectores de minería e industria, construcción, servicios, turismo y comercio.
Sin embargo, para que las empresas de algunos de estos sectores puedan comenzar operaciones, se requiere aún que los respectivos ministerios publiquen los protocolos de bioseguridad durante la presente semana. Luego de eso, las compañías deben elaborar los planes de vigilancia, control y prevención, y subir la información al Sistema Integrado para COVID-19 (Sicovid-19). De acuerdo con los protocolos actuales del Ministerio de Salud (Minsa), las empresas son responsables de tomar pruebas de contagio a sus empleados, controlar la temperatura al momento del ingreso al centro laboral, entre otras disposiciones que serán difíciles de cumplir sobre todo para el universo de pequeñas empresas que conforman el tejido empresarial nacional. Muchas de estas compañías, además, han tenido complicaciones de toda índole para acceder a los requisitos del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), y a su página web, respecto de la suspensión perfecta de labores.
Las trabas burocráticas y demoras no son novedad. Las ejecuciones de Reactiva Perú y de FAE-Mype, los programas del Gobierno para proveer de liquidez a las empresas, vienen demorando muchas semanas más de lo inicialmente pensado. Los trámites entre el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la contraloría, Cofide y los bancos privados ralentizaron el proceso. Mientras tanto, cientos de miles de empresas de todo tamaño están cada día más urgidas de oxígeno financiero para preservar empleo y para estar en capacidad de reanudar operaciones cuando la legislación lo permita.
Desde el campo social, el Gobierno ha avanzado también a tropezones en la entrega de los bonos para familias vulnerables. El bono inicial de S/380 ha sido entregado a solo el 81,5% de los hogares del padrón inicial, el cual –de por sí– no incluyó a muchas familias que necesitaban alivio económico. En tanto, la plataforma para recién saber si se es beneficiario del posterior bono familiar universal debería estar lista todavía a finales de esta semana. Es decir, cuando el estado de emergencia actual llega a su límite luego de casi dos meses. En parte, la consecuencia de esto han sido las dolorosas, precarias y riesgosas migraciones al interior del país.
Decíamos al inicio que el Gobierno no recibió de anteriores administraciones un aparato estatal de primer nivel. Las limitaciones iban a aparecer. Sin embargo, tampoco queda la sensación de que haya puesto todo el esfuerzo necesario para mover al elefante burocrático a la velocidad que hoy se necesita urgentemente.
