Maite Vizcarra
El Comercio, 17 de septiembre del 2026
“La CAF lo planteó: ningún país latinoamericano puede incidir solo en las reglas globales sobre datos, cómputo, estándares, empleo y seguridad; pero sí tiene la posibilidad histórica de rayar la cancha”.
Entre distopías y temores, los agoreros ya le han puesto fecha de caducidad a la humanidad. ¿Exageración? Lo cierto es que, en escenarios de incertidumbre, diez años es demasiado, pero para el Perú la pregunta, entonces, no es cuánto tiempo nos quedaría, sino, mientras tanto, qué destino o desarrollo alcanzamos a construir.
Esta semana, las advertencias sobre los riesgos de la IA volvieron a ponerle calendario a nuestros temores. Algunos investigadores hablan de una ventana crítica de diez años. Puede sonar apocalíptico —y muchos discrepan—, pero para el Perú la pregunta útil es otra: ¿qué podemos construir antes?
El Perú es uno de los países con una de las más frondosas legislaciones en transformación digital y, también, en inteligencia artificial. De hecho, ha sido pionera en Latinoamérica al respecto. Bien por eso. Pero más allá hay mucho más y esta semana desde Chile los responsables de digitalización de la región convocados por la CAF volvieron a levantar la bandera de la soberanía. No territorial, sino la tecnológica.
Que un país sea tecnológicamente soberano implica que tenga la capacidad de decidir su propio desarrollo sin depender exclusivamente de tecnologías, infraestructuras o plataformas completamente extranjeras. No implica aislarse del mundo ni expulsar a las empresas internacionales, sino construir autonomía estratégica para reducir vulnerabilidades, proteger la seguridad nacional y garantizar la continuidad de los servicios esenciales para todos los ciudadanos.
Y para ello, es necesario contar con activos digitales como un volumen de datos relevantes (’big data’) para modelar servicios ciudadanos. No solo unos cuantos ‘data sets’, sino datos adecuadamente curados y estandarizados incluso a nivel de lo que no se ve. Esto es la data de la data o los metadatos. También es necesario que el país pueda controlar infraestructuras críticas relacionadas, como los lugares en donde se almacenen esos datos y, obviamente, las carreteras internas, plataformas por donde esos datos deben correr.
Pero aun así, teniendo esos activos digitales, que el Perú tiene en malas condiciones, tal como ya lo ha denunciado el ministro Luis Dyer para el sector salud, ante el escalamiento de la IA y su crecimiento es una gran desventaja que los países enfrenten ese proceso de manera aislada.
Porque un país como el Perú puede levantar centros de datos, fortalecer su ciberseguridad o formar talento, pero la IA demanda capacidad de negociación con los grandes proveedores/creadores de inteligencia artificial en las dos potencias líderes: Estados Unidos y China.
Es aquí donde aparece la necesidad de la escala, y la relevancia de empezar a crear mercados tecnológicos compartidos para aprovechar justamente las economías de escala. Por ejemplo, en lugar de que cada país compre por separado su capacidad de cómputo, podríamos explorar compras coordinadas, infraestructura compartida o créditos regionales para universidades y startups.
Asimismo, en vez de pequeños mercados para una solución de salud, educación o comercio, podríamos construir estándares que permitan escalarla entre los miembros de una alianza como, por ejemplo, la del Pacífico. Y frente a un ciberataque, se podría compartir inteligencia, protocolos y capacidades de respuesta. Eso es mucho más sensato que descubrir la pólvora digital cuatro veces.
La CAF lo planteó esta semana en Santiago: ningún país latinoamericano puede incidir solo en las reglas globales sobre datos, cómputo, estándares, empleo y seguridad; pero sí tiene la posibilidad histórica de rayar la cancha. Diez años pueden ser una cuenta regresiva. También pueden ser tiempo suficiente para entender algo elemental: en inteligencia artificial, la soberanía no consiste solamente en tener lo propio. También consiste en tener el tamaño para decidir.
