Alejandro Deustua
Contexto.org
15 de setiembre de 2026
Para Lampadia
Debido al impacto desestabilizador que ha tenido y mantiene el comportamiento iraní en Suramérica el gobierno ha hecho bien en romper relaciones con esa radicalizada potencia islámica. Pero ha errado en la fundamentación y la oportunidad de la decisión.
En términos específicos, la hostilidad iraní con los estados suramericanos estuvo ligada con las dictaduras de Venezuela y de Bolivia y, hoy, con la supresión del tránsito de hidrocarburos del Medio Oriente.
En términos generales su disposición desestabilizadora se sostiene en tres pilares tradicionales: beligerancia antioccidental, tutela de redes terroristas (Hamás, Hezbolá, hutíes) y disposición a disponer del arma nuclear.
La relación estratégica con los gobiernos de Maduro y Morales se fundamentó en peculiares vínculos energéticos, soporte de alineamientos disruptivos en la región, opaca cooperación militar y presencia del Hezbolá en Venezuela.
Estos vínculos crearon división en el área, incrementaron la desconfianza por su dimensión terrorista y complicaron la relación regional con los países del Medio Oriente.
Tal problemática debió ser causal suficiente para romper relaciones con Irán cuando aquélla se producía.
Hoy, en lugar de identificar estos específicos factores como antecedentes de la decisión gubernamental de cortar el vínculo con Irán y de señalar los elementos estratégicos que justifican el rompimiento vinculados a la acción de ese país en el conflicto con Estados Unidos, el gobierno ha apelado a argumentos contextuales.
Éstos no han incluido el daño específico que genera Irán a la economía nacional derivado del cierre de estrechos marítimos vitales para el normal flujo de hidrocarburos que se expresa en inseguridad energética, desequilibrio fiscal y presión inflacionaria.
Y tampoco refieren el serio perjuicio infligido a potencias del Golfo con las que el Perú tiene intereses convergentes.
Por lo demás, a la extrema generalidad de los fundamentos de la decisión gubernamental se ha agregado su peculiar oportunidad: la víspera de la visita del Secretario de Estado Marco Rubio.
Aquélla no se presta a ambigüedades: en el marco de la pasividad frente a la doctrina Donroe y de la importancia otorgada al nuevo vínculo con Estados Unidos, el gobierno optó por eliminar un obstáculo antes de recibir una recomendación pública y expresa de la superpotencia.
En ese contexto la tardía fundamentación oficial del rompimiento se hizo escasamente verosímil y poco relacionada con el interés nacional.
Al respecto, el gobierno alegó preocupación imprecisa por la estabilidad en el Medio Oriente (situación que pudo referirse a otras áreas),
Afectación de la democracia (cuyo deterioro es tendencia generalizada),
Incitación a la violencia (¿desconoce el gobierno el clima de conflicto que generan hoy otras guerras?) y
La obstrucción a las gestiones de la OEIA (¿no se ha denegado a esa entidad acceso franco a otros países como Corea del Norte?).
Como resultado de tal falta de precisión, el gobierno fue fácil blanco de críticas mientras dejaba pasar la ocasión para expresar un muy concreto malestar por el escalamiento del conflicto en el Golfo y la ausencia de perspectiva sobre su culminación. En momentos de incremento del “riesgo geopolítico”, el gobierno prefirió no pronunciarse sobre el mismo.
La preocupación por ese riesgo es hoy extraordinaria a la luz del violento control que fuerzas radicales pro-iraníes (los hutíes que combaten al gobierno de Yemen) han establecido sobre el estrecho de Bab el Mandeb en el Mar Rojo complementando el cierre del estrecho de Ormuz por fuerzas regulares iraníes. Si el tránsito de 20% de la oferta global de hidrocarburos se ha estancado en Ormuz por mano iraní, la situación en Bab el Mandeb acaba de agregar 6% a ese estancamiento.
Aunque el flujo petrolero no se ha cortado plenamente, los precios del barril han superado los US$ 100 por barril para el Brent y el WTI cuando en enero pasado bordeaban US$ 60. El progresivo impacto inflacionario y fiscal y la inseguridad del aprovisionamiento eran más que suficiente para haberlo incluido como factor de quiebre con Irán.
Y en tanto ese daño puede no ser circunstancial, era evidente que el gobierno debió también plantear su preocupación a los demás actores enfrascados en la guerra sin término en el Medio Oriente iniciada en febrero pasado para suprimir la capacidad ofensiva iraní.
Ello implicaba clarificar la situación con Estados Unidos que inició la operación militar previendo su conclusión para cuando se lograra la destrucción de las fuerzas aérea y naval iraníes y la supresión de su capacidad misilera.
Si los dos primeros objetivos fueron conseguidos, el fracaso en el último ha supuesto la prolongación y escalamiento del conflicto mientras los intentos de solucionarlo (el memorándum de entendimiento de 14 puntos de junio último) fracasaban con el cierre del estrecho de Ormuz.
La indisposición a discutir estos asuntos en el marco del rompimiento con Irán disminuye adicionalmente la consistencia de nuestra política exterior.
Lampadia
