José Carlos Saavedra
El Comercio, 5 de setiembre del 2026
“Tomar en cuenta este componente de protección social probablemente no mueva mucho el PBI, pero para los hogares más vulnerables será la diferencia entre un golpe temporal a sus ingresos y una catástrofe con efectos permanentes”, escribe José Carlos Saavedra, socio y economista principal de Apoyo Consultoría para La Mirada.
La economía peruana está creciendo a un buen ritmo y las expectativas son positivas, sobre todo las relacionadas con la inversión privada. El impulso viene de los elevados precios de los metales y del repunte de la confianza empresarial, que ya alcanzó su nivel más alto en 15 años, tras un breve bache de nerviosismo luego de la primera vuelta. La inversión privada creció 17% en el segundo trimestre del año y se espera que siga creciendo a doble dígito en la segunda parte del año y en el 2027.
La lectura fácil es que todo el país repunta. Pero detrás de estos promedios se esconde una historia distinta: una recesión que las cifras macro no mostrarán, porque golpeará de manera muy desigual a diferentes segmentos socioeconómicos, regiones del país y sectores económicos. Algo de eso ya empezó, mientras que la inversión crece fuerte, en junio el sector pesca cayó 52%, el sector agrícola lo hizo en 12%, y los hogares de menores ingresos sienten el golpe de la mayor inflación de alimentos y transporte.
Estas diferencias probablemente se intensificarán los próximos meses. Tanto así que, si viéramos el año, no de enero a diciembre sino de agosto 2026 a julio 2027, probablemente sería un año de recesión para los hogares del nivel socioeconómico DE (los de menores ingresos). En este segmento y en ese período, Apoyo Consultoría anticipa que la masa salarial se contraerá entre 1% y 2%, en términos reales, debido al incremento de la inflación y al impacto negativo esperado del fenómeno de El Niño (FEN) fuerte o extraordinario. En contraste, la masa salarial de los hogares de los niveles socioecómicos AB (los de mayores ingresos) probablemente seguirá creciendo a tasas superiores al 5%, en términos reales, gracias al impulso de los sectores vinculados con la inversión privada, la mayor demanda de trabajadores calificados y a su menor exposición al incremento de la inflación.
La geografía confirma el patrón: la masa de ingresos laborales en Lima Metropolitana probablemente crecerá al doble que la del resto del país, debido a que el FEN afecta más al sur por las sequías y al norte por el calor y las intensas lluvias. En las zonas pesqueras, la pesca puede explicar hasta un tercio de la masa salarial. En el caso de las zonas agroexportadoras, dicho porcentaje llega a ser 40%. En el sur, cerca de 900 mil empleos dependen de cultivos tradicionales como la papa y la cebolla, que tendrían malas cosechas por las sequías.
Sin embargo, el FEN no sólo impacta al PBI y a los ingresos laborales.
Lo que hemos visto en FEN anteriores es que, en zonas más expuestas como el norte del país, la mora de los créditos de consumo y de las microempresas sube, y eso genera una restricción del crédito justo para quienes más lo necesitan, en el momento en que más lo necesitan. Según la Encuesta Nacional de Hogares, cuando un hogar es afectado por un desastre natural, sus ingresos caen en promedio 18% si no tiene acceso a crédito.
El golpe también es patrimonial, y aquí la vulnerabilidad urbana es estructural. En los últimos diez años, el 90% del crecimiento de las ciudades peruanas se ha dado mediante construcción informal, muchas veces sin estándares técnicos y en zonas expuestas a huaicos e inundaciones. En la región Piura, por ejemplo, casi 80% de hogares no tienen techo de concreto. El antecedente de 2017 es preocupante: más de 45 mil viviendas colapsaron o quedaron inhabitables, alrededor de 700 colegios tuvieron daños graves o severos y varias postas médicas fueron afectadas, justo cuando los casos de dengue se triplicaron.
El impacto puede ser severo, no solo porque los hogares de menores ingresos tienen menos capacidad de respuesta, sino porque buena parte de su patrimonio —principalmente la vivienda— está expuesto. Cuando se pierden también vehículos, cocinas o herramientas de trabajo, el daño trasciende la emergencia. Combinado con un acceso más limitado al crédito, reduce la capacidad de reconstruir activos y recuperar las fuentes de ingreso una vez pasado el FEN, haciendo que sus efectos duren mucho más que el fenómeno mismo.
Por lo tanto, la preparación ante el FEN no puede ser solo de infraestructura. El debate se concentra en defensas ribereñas, limpieza de cauces y reconstrucción. Eso importa, pero no basta. Si la recesión oculta golpea el ingreso, los activos, la salud y la educación de los hogares más vulnerables al mismo tiempo, la respuesta necesita un componente de protección social y financiero tan robusto como el de infraestructura. Se deben evaluar intervenciones como transferencias focalizadas que apoyen la expansión de las billeteras digitales, mecanismos que sostengan el acceso al crédito y continuidad de los programas de alimentación escolar y salud pública en las zonas de mayor exposición.
Tomar en cuenta este componente de protección social probablemente no mueva mucho el PBI, pero para los hogares más vulnerables será la diferencia entre un golpe temporal a sus ingresos y una catástrofe con efectos permanentes.
