Jaime De Althaus
El Comercio, 29 de agosto del 2026
“No se puede seguir criticando al gobierno si al mismo tiempo no se le exige al Congreso que otorgue las facultades que le permitan conseguir resultados”.
Cuando hay libertad de expresión el periodismo político tiende a ser crítico o hipercrítico. Señalar las insuficiencias, contradicciones y errores del gobierno es mucho más interesante que destacar los aciertos y avances. Y está bien que se le critique cuando cede a presiones populares (aunque el subsidio a los combustibles fue anunciado antes de la protesta) o cuando ministros discrepan públicamente. Lo que da prestigio suele ser la crítica, no el aplauso, y lo que vende suele ser lo negativo, el escándalo –e incluso el morbo que estamos viendo respecto de supuestas relaciones con asesores extranjeros–, salvo cuando se produce un logro de impacto como una gran captura o una súper inversión. Eso también vende. Pero no existe un Abimael Guzmán a quien detener sino una hidra de mil cabezas que tomará tiempo en ir exterminando poco a poco, sin grandes titulares, y servicios públicos desastrosos cuya mejoría paulatina no será tampoco noticia de primera plana.
Entonces a la presidenta le será difícil mantener los niveles de aprobación con los que ha comenzado su gestión. Y para recuperarlos después, una vez que vaya consiguiendo resultados luego de reformas que serán difíciles de ejecutar, necesitará un esfuerzo de comunicación estratégica creativo –incluso para impulsar las reformas–, que complemente su vocación comunicadora personal y su relación directa con el pueblo en el terreno, que son efectivas.
Pero llega un momento en el que tiene que empezar a comunicar los grandes objetivos, los problemas para alcanzarlos y la manera de resolverlos, es decir, las reformas requeridas. Para conseguir el apoyo de la población. Ella tiene el contacto con el pueblo para hacerlo.
Este comienza a ser el momento, ahora que se ha enviado al Congreso el pedido de facultades legislativas, que revela, de paso, que se mantiene una ambición reformista relativamente alta: se pide declarar las organizaciones criminales como terroristas, se sigue planteando la reforma del Estado incluyendo ahora la reestructuración de Sedapal, la meritocracia, incentivos económicos a renuncias, desregulación profunda, digitalización del Estado, aprobación automática y fiscalización ex post, silencio administrativo positivo para facilitar la inversión, mejora de los regímenes tributarios y laborales para formalizar los emprendimientos, incentivar el empleo juvenil, aunque ya no figuran las reformas laborales del borrador salvo de una manera mucho más general. Sería lamentable que Fuerza Popular renuncie a representar al sector informal excluido en aras de no hacer olas con el sector organizado.
No se puede seguir criticando al gobierno si al mismo tiempo no se le exige al Congreso que otorgue las facultades que le permitan conseguir resultados. La crítica debe venir si, con las facultades, tampoco hay resultados.
Pero hay algo interesante. El gobierno ha publicado un decreto supremo que crea la Secretaría Estratégica Presidencial en Palacio, encargada de monitorear los grandes objetivos del gobierno –que aún deben ser precisados–, promover la digitalización y desregulación del Estado y desarrollar una comunicación estratégica. Es decir, un “centro de gobierno” como el que inventó Tony Blair en Inglaterra y aplica Chile. Hay un estudio reciente del BID sobre eso. Le ayudará mucho a la presidenta para asegurar rumbo y resultados, y comunicarlos bien. Amén.
