Raúl Benavides Ganoza
El Comercio, 30 de agosto del 2026
“Bajo el Reinfo permanecen más de 30.000 mineros que podrían estar dejando detrás nuevos pasivos sin un control ambiental efectivo”.
El Perú arrastra desde hace décadas miles de pasivos ambientales mineros: antiguas instalaciones, relaves, bocaminas y otros restos de operaciones que pueden representar un riesgo para las personas y el medio ambiente.
Resolver este problema debería ser una prioridad. Sin embargo, para una empresa formal que decide hacerse cargo de un pasivo y rehabilitarlo, el camino puede convertirse en un verdadero calvario.
Las normas existen desde hace más de veinte años. La primera ley sobre la materia se aprobó en el 2004 y desde entonces ha sido modificada y reglamentada varias veces. En setiembre del 2024, se aprobó una nueva ley y, recientemente, el Ministerio de Energía y Minas (Minem) publicó un proyecto para modificar su reglamento.
Hay que reconocer que la nueva legislación recoge aportes positivos y abre posibilidades interesantes. El problema aparece cuando pasamos del papel a la realidad.
–¿Hay que destruirlo todo?–
Uno de los principales problemas es la rigidez con la que se aplican las normas. En muchos casos se exige eliminar toda la infraestructura existente y devolver el terreno prácticamente a su condición original, sin preguntarse si parte de ella podría tener algún valor histórico, social o económico.
Un buen ejemplo es la histórica mina Santa Bárbara, en Huancavelica. Se trata de una antigua mina de mercurio de enorme importancia durante la Colonia, vinculada al desarrollo minero de Potosí y Cerro de Pasco.
¿Tiene sentido demoler una infraestructura con semejante valor histórico cuando las propias comunidades quieren conservarla como monumento y atractivo turístico?
La nueva legislación ofrece una oportunidad para cambiar esta manera de pensar. No todos los pasivos tienen que terminar necesariamente bajo una pala y una excavadora. Algunos pueden ser reaprovechados.
Con los actuales precios de los metales, ciertos relaves podrían volver a procesarse y, al mismo tiempo, reducir su impacto ambiental. Algunas instalaciones mineras abandonadas podrían transformarse en centros educativos, alojamientos turísticos u otros proyectos útiles para las comunidades. La propia ley contempla alternativas como la reutilización, el reaprovechamiento, el uso alternativo y, cuando corresponda, el cierre definitivo.
–El que intenta solucionar el problema termina castigado–
Aquí aparece una de las mayores paradojas del sistema.
Las empresas que voluntariamente asumen la rehabilitación de un pasivo pueden enfrentar multas del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) por variaciones técnicas respecto del plan de cierre original, incluso cuando esas modificaciones pueden ser necesarias durante la ejecución de los trabajos y más efectivas para mitigar el riesgo.
Y el problema no termina cuando concluye la rehabilitación.
Después de realizar los trabajos y cumplir los cinco años de monitoreo exigidos, conseguir la certificación final sigue siendo extremadamente difícil. De los más de 6.000 pasivos incluidos en el inventario nacional actualizado, apenas tres habrían logrado ser formalmente certificados. Hay una larga lista esperando ser certificados después de rehabilitados y monitoreados por más de cinco años.
La señal que se transmite es preocupante: quien voluntariamente decide resolver un problema ambiental puede terminar atrapado durante años en trámites, fiscalizaciones y sanciones.
La situación se vuelve todavía más absurda cuando intervienen terceros. Si un minero ilegal invade un pasivo que está siendo rehabilitado para extraer mineral, la responsabilidad puede continuar recayendo sobre quien asumió la remediación. Algo similar sucede cuando el propietario del terreno impide el ingreso para realizar los trabajos.
Es decir, se puede sancionar a quien intenta cumplir incluso por situaciones que están fuera de su control.
–Dos varas distintas–
Pero quizá la contradicción más difícil de explicar al ciudadano es otra.
Mientras las empresas formales están sometidas a una estricta supervisión, miles de operadores inscritos en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) desarrollan actividades con un nivel de fiscalización muy diferente.
Cuando se pregunta por esta situación, la respuesta suele ser que la OEFA no tiene facultades suficientes para supervisarlos.
El resultado es una evidente desigualdad: somos extremadamente exigentes con quien está identificado, invierte y trata de cumplir, pero mucho menos eficaces frente a quienes pueden estar generando nuevos problemas ambientales.
Bajo el Reinfo permanecen más de 30.000 mineros que podrían estar dejando detrás nuevos pasivos sin un control ambiental efectivo.
No tiene sentido gastar enormes esfuerzos y recursos públicos para remediar los pasivos del pasado mientras permitimos que se generen los pasivos del futuro.
–Una oportunidad para cambiar–
Este problema no se resolverá bajando los estándares ambientales. Todo lo contrario. Necesitamos reglas exigentes, pero también claras, razonables y posibles de cumplir.
El Estado debería facilitar que una empresa, una comunidad o un inversionista quiera recuperar un pasivo, reaprovecharlo cuando sea técnicamente posible y darle un uso que beneficie a la población.
También debería distinguir entre quien incumple deliberadamente y quien, actuando de buena fe, enfrenta dificultades técnicas o situaciones provocadas por terceros.
Este noviembre, el Capítulo de Ingeniería de Minas del Colegio de Ingenieros del Perú-Lima organiza por tercer año consecutivo el Congreso de Pasivos Ambientales y Cierre de Minas (Pacmin). Será una buena oportunidad para que las autoridades presenten y fundamenten las modificaciones incluidas en el nuevo reglamento en un foro técnico.
El Perú necesita resolver pasivos ambientales que entrañan alto riesgo ambiental y social, pero difícilmente lo conseguirá si convierte en una carrera de obstáculos la decisión de quienes quieren rehabilitarlos.
La regulación ambiental debe ser rigurosa con quien contamina y no cumple. Pero también debe ayudar –y no castigar– a quien decide hacerse cargo del problema.
