Diego Macera
El Comercio, 30 de agosto del 2026
“No es que gastemos poco. De hecho, ya hacemos un esfuerzo gigante para gastar bastante en inversión teniendo pocos recursos. Es que gastamos pésimo”, escribe Diego Macera, Director del Instituto Peruano de Economía (IPE).
Hay una idea que suele dar la vuelta cada cierto tiempo entre quienes, antes del 2036, quieren ver a Lima con cinco líneas de metro operativas, una carretera central con túneles y carriles extra, cada hogar urbano del país con conexión a gas, y algún tren de Tumbes a Tacna. El razonamiento que siguen es simple: si tenemos plata guardada y además capacidad de endeudarnos, dicen algunos, ¿por qué no simplemente invertimos más en infraestructura y salimos del problema?
La idea por supuesto que guarda cierta lógica. El Perú tiene un atraso injustificable en obras de infraestructura. Las condiciones de las carreteras, hospitales, colegios, redes de energía, aeropuertos y otras estructuras básicas no se condicen con un país de ingresos mediano – alto como este. Las condiciones del sistema de salud, especialmente, son de vergüenza. En varios indicadores de infraestructura, el Perú está entre una y dos décadas atrasado en función a su nivel de ingresos. Pero mirados algo más de cerca, los argumentos a favor de la expansión en el gasto de inversión pública pierden fuerza. En primer lugar, se necesita aclarar qué es exactamente a lo que se refieren algunos cuando señalan que “hay plata”, o alguna variación de ese enunciado. Durante la campaña electoral, por ejemplo, ciertos candidatos se entusiasmaron cuando las reservas internacionales administradas por el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP)* cruzaron el umbral de los US$100,000 millones. Propusieron usar esos recursos para financiar inversión pública. Sin embargo, como se sabe, las reservas del BCRP no son alcancía fiscal. Son una protección vital para el valor de nuestra moneda; usarlas en otros fines no solo es inconstitucional, sino que dejaría más expuestas las finanzas del Perú a los ciclos financieros globales y a nuestra propia turbulencia local.
Donde sí debería haber plata para inversión es en los ahorros del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Después de todo, llevamos ya cinco años de precios extraordinarios de los minerales. ¿Algo habremos ahorrado, no? Pues casi nada. Como el mismo MEF informa en su Marco Macroeconómico Multianual (MMM) publicado hace unos días, a pesar de los enormes ingresos tributarios, el aumento del gasto corriente -principalmente en remuneraciones para trabajadores públicos- se comió la capacidad adicional de inversión y de ahorro. De no adoptarse acciones correctivas, dice el MMM, el costo de las iniciativas legislativas aprobadas entre el 2021 y el 2025 para mayor gasto en planilla y pensiones podría alcanzar S/50 mil millones en el 2027. El Consejo Fiscal*, además, recordó recientemente que “el incremento excepcional de los ingresos en 2026 se sustenta principalmente en factores de carácter volátil y transitorio”, de modo que será muy difícil pagar estos gastos cuando los precios bajen. Leyendo solo lo anterior, cualquiera estaría tentado a concluir que entonces el problema es que, efectivamente, no hay plata. Pero eso tampoco sería exacto. De hecho, el Perú sí hace un esfuerzo monumental para el tamaño de su economía en gasto público para inversión. El país dedica casi 5% de su PBI a inversión pública. Este año el gasto efectivo en proyectos de inversión será, de acuerdo con el MMM, de unos S/62 mil millones. Hace 10 años era menos de la mitad. En comparación, el esfuerzo de Colombia en inversión pública llega a cerca de 2.3% de su PBI, y el de Chile alrededor de 2.2%. En promedio, países comparables invierten menos de la mitad -en proporción al tamaño de su economía- que el Perú. Las cifras peruanas se parecen más a las que se hallan en países del Asia, no de Latinoamérica. La historia es aún más grave que esto. El gobierno del Perú -decíamos- hace un esfuerzo grande como porcentaje de su PBI para cerrar la brecha de infraestructura, pero a la vez recauda menos impuestos que países comparables también con relación a su PBI. Si en el Perú los ingresos fiscales representan cerca del 19% del PBI, el promedio de América Latina es 30%. En la OCDE es 40%. La informalidad, la evasión y los vacíos tributarios nos pasan factura. Es decir, a pesar de contar con mucho menos presupuesto público como porcentaje del PBI, destinamos más plata a carreteras, saneamiento, colegios o puentes que los otros. No se puede pedir más. ¿Qué cosa entonces está fallando? El Banco Mundial dio en el clavo en un informe del año pasado. Encontró que, en las últimas dos décadas, apenas uno de cada cuatro proyectos de inversión pública se ha completado. Varios avanzaban a cuentagotas, retrocedían, y volvían a empezar (por ejemplo, el hospital Antonio Lorena, en Cusco, lleva ya 13 años de obras). En 20 años, 45% de las iniciativas había quedado abandonada en el camino o paralizada indefinidamente, unos 62 mil proyectos. Eso es plata al tacho. ¿De qué sirve un puente al 90% de completarse? ¿Un hospital sin conexión de agua? Mejor es que nunca se hubiera empezado la obra. Esos recursos paralizados podrían haberse destinado a cualquier otro gasto más productivo. Casi literalmente cualquiera.
Las proporciones del Banco Mundial son un escándalo mayúsculo, y explican la gran parte del problema. No es que gastemos poco. De hecho, ya hacemos un esfuerzo gigante para gastar bastante en inversión teniendo pocos recursos. Es que gastamos pésimo. Lo anterior ni siquiera toma en cuenta las obras que sí se completaron, pero no estuvieron bien planeadas y no cumplen con cerrar brechas.
De ahí que no importe mucho tampoco si nos endeudamos para gastar más en infraestructura o no. Ese nunca fue el problema. Es evidente que tendría sentido pedir préstamos para financiar inversiones urgentes o productivas que luego “se paguen solas”, pero eso es lo que también se dijo de los 62 mil proyectos abandonados. Curiosamente, los montos que el Perú anualmente invierte en exceso sobre el promedio regional son similares a todo lo que malgasta.
Además, no es necesario que toda la inversión para infraestructura pública venga del Estado. El sector privado puede y debe entrar a invertir también a través de esquemas de APP modernos, ágiles y fiscalmente responsables. Hay muy buenos ejemplos de APP en puertos, aeropuertos, hospitales, energía y otros sectores. Bien estructurados, eso puede reducir la carga fiscal para el Estado, distribuir mejor los riesgos, y mejorar el servicio. Por eso hay que tener cuidado sobre cómo se enfoca la discusión. Por supuesto que el Perú necesita más obras. Lo que no necesita es más gasto público en obras. Basta y sobra con usar mejor lo que ya se tiene.
