Imagine que sale a la calle y los serenos, en vez de palos, portan un tremendo garrote con clavos. Camina una cuadra más y nota que los policías, en vez de pistolas, usan lanzagranadas. Un rato después, se percata de que los patrulleros han sido reemplazados por tanques.
Asustaría, ¿no? Y no faltarían razones. El Estado está ahí para cuidarnos, pero es natural tener miedo a que los servidores públicos abusen del poder que les da la ley y lo usen en contra de los inocentes. E, incluso, esta situación asustaría más si existieran acusaciones de que el Gobierno estaría usando su sistema de inteligencia para espiar a sus opositores con miras a trabajar en un proyecto para asegurar una ‘reelección conyugal’.
Bueno, le doy una mala noticia. Resulta que desde hace un rato el Gobierno sí viene cambiando palos por garrotes. Pero no los del serenazgo, sino los de diversas instituciones que sancionan o cobran a los ciudadanos y a sus empresas.
A inicios de este año, por ejemplo, se elevó hasta en 900% el límite de las multas que puede poner la Sunafil a las empresas que infrinjan las regulaciones laborales. De manera similar, la reciente ley de fiscalización ambiental incrementó el monto máximo de las sanciones de S/.37 millones a S/.111 millones. Estos cambios se suman a la norma promulgada a fines del 2012 que le dio a la Sunat el poder de decidir arbitrariamente cuándo un privado ha eludido impuestos (es decir, que debería haber tributado por una operación que expresamente no estaba gravada).
El Ejecutivo, además, hace poco presentó un proyecto de ley que, de haberse aprobado, hubiese permitido tratar a las empresas investigadas por delitos tributarios y ambientales (ojo, no culpables, solo investigadas) como organizaciones de crimen organizado. Es decir, durante la investigación a los sospechosos, habría sido posible utilizar medidas excepcionales de levantamiento de secreto bancario, interceptación de comunicaciones, prisión preventiva u otras hoy reservadas para acusados de delitos como terrorismo, narcotráfico o genocidio.
Afortunadamente, la Comisión de Justicia del Congreso retiró esas disposiciones del proyecto ante la protesta pública de los gremios empresariales. Sin embargo, aún sigue dando vueltas un proyecto de ley presentado por la bancada nacionalista para ampliar la responsabilidad penal de las personas jurídicas.
Por supuesto, podría haber una buena explicación para cambiar palos por garrotes: que las sanciones existentes son muy bajas para desincentivar que las personas violen la ley. En tal caso, bienvenido más palo. Sin embargo, en ninguno de los casos mencionados, el Gobierno se dio el trabajo de elaborar un sustento técnico que permita sostener este argumento.
¿Por qué tanto nuevo garrote? Ojalá estos sean solo fruto de cómo se hacen las cosas en el país: al champazo, sin pensarlo mucho, porque a alguien le dio su reverenda gana. Ese sería el mejor de los casos. No obstante, hay que estar atentos y exigir un sustento claro cada vez que el Estado vuelva a querer aumentar sus poderes sancionadores. Y es que nadie quiere terminar como Venezuela, Argentina, Ecuador o Bolivia (o el Perú de hace unos años), donde el Gobierno tiene un enorme poder de agarrar a garrotazos a sus opositores, a los ciudadanos que los financian o a los medios que les son incómodos.
(Publicado por El Comercio, 30 de mayo, 2013)
