Daniel Velandia
Gestión, 10 de julio del 2026
Más allá de los desafíos de corto plazo, originados especialmente por choques externos como un eventual fenómeno de El Niño o el conflicto en Oriente Medio, diversos factores apuntan a que la economía peruana podría enfrentar, en los próximos años, uno de los escenarios más favorables en su historia reciente, sustentado en tres elementos principales:
1. Unos términos de intercambio que se mantendrían cerca de niveles récord debido a la perspectiva de precios elevados del cobre en el mediano plazo, impulsados por la creciente demanda del metal asociada a la transición energética y al desarrollo de infraestructura vinculada con la inteligencia artificial. Esto ocurriría, además, en un contexto de precios del petróleo que permanecerían en niveles más bajos a los observados en los últimos años, siempre que no se prolonguen los conflictos geopolíticos.
2. Un mayor apetito de los inversionistas extranjeros por América Latina, ante el movimiento del péndulo político hacia gobiernos considerados promercado. Actualmente, Argentina, Chile, Paraguay, Bolivia, Ecuador, Panamá, Costa Rica, El Salvador y Honduras cuentan con gobiernos catalogados como de derecha o centroderecha, a las que ahora se sumarían Perú y Colombia tras sus recientes elecciones.
3. La expectativa de una mayor estabilidad política interna en los próximos años, sustentada en la mayor probabilidad de que el gobierno de Keiko Fujimori complete su mandato presidencial de cinco años. Ello se explica porque Fuerza Popular cuenta con los votos suficientes para impedir una vacancia presidencial, que requiere una mayoría de dos tercios en cada cámara. Asimismo, diversos expertos políticos sostienen que la bicameralidad también debería brindar mayor estabilidad institucional, al elevar las exigencias para modificar la Constitución —que requerirá el voto favorable de dos tercios en ambas cámaras— y al impedir que el Ejecutivo pueda disolver el Senado. Todo ello favorecería una mejor alineación de incentivos entre ambos poderes durante el próximo quinquenio.
Por supuesto, los desafíos para el nuevo gobierno serán significativos, particularmente en materia de gobernabilidad. La elevada fragmentación del Congreso, donde el oficialismo cuenta con mayoría, así como la persistente polarización política que divide al país en dos bloques, podrían mantener un riesgo permanente de movilizaciones sociales promovidas por la oposición.
Por ello, la administración entrante deberá concentrar sus esfuerzos en construir consensos amplios y adoptar, por fin, medidas orientadas a resolver los problemas estructurales ampliamente diagnosticados que enfrenta el país y que desde hace años limitan el crecimiento potencial de la economía. Entre ellos destacan el deterioro de la seguridad ciudadana, la elevada corrupción, la expansión de la ilegalidad y la informalidad, las ineficiencias en la ejecución del gasto público y el exceso de burocracia que dificulta la puesta en marcha de proyectos de inversión.
Al mismo tiempo, será necesario adoptar reformas de fondo para evitar un deterioro de las finanzas públicas en el mediano plazo, tal como ha advertido el Consejo Fiscal, tras la aprobación, en los últimos años, de numerosas leyes con impacto fiscal impulsadas por el Congreso en un contexto de creciente populismo legislativo.
En general, todo esto no solo tendería a elevar las tasas de crecimiento económico, sino también a generar beneficios políticos para el país, al enviar una señal clara a aquellos sectores de la sociedad que aún no confía en el modelo propuesto por el nuevo gobierno.
En últimas, un contexto como el actual, de sólida demanda interna, mayor confianza para invertir, perspectivas favorables para la economía y altos precios de los commodities, deben aprovecharse para tomar medidas firmes y estructurales que contribuyan al cierre de las brechas económicas y sociales que el país aún mantiene.
