Por: José Carlos Saavedra
El Comercio, 11 de enero de 2020
El manejo responsable de las cuentas públicas en el país es una de nuestras principales fortalezas económicas y nos da la estabilidad que no vemos hoy en día en otros países de la región. Por eso, es importante que haya una continua evaluación de lo que se puede hacer mejor. En este cambio de década, parece ser un buen momento.
En general, en el Perú se han hecho y se siguen haciendo bien las cosas, pero en los últimos años se cometieron errores o se hicieron evidentes algunos problemas que muestran que aún hay espacio para mejorar. El error más grave y costoso fue que, en algunas ocasiones, la política fiscal dejó a un lado el análisis técnico y cedió a los sueños estatistas de algunos políticos de turno. No es el único caso, pero el más emblemático fue la decisión de construir una nueva refinería en Talara en el 2014. Es ahora la obra pública más grande de la historia del país, le cuesta a los peruanos US$4.700 millones y, según Carlos Paredes –presidente de Petro-Perú–, es un elefante blanco que destruirá valor por un monto equivalente a US$1.600 millones. Un crimen en un país con tantas brechas sociales.
Por otro lado, los últimos años se hizo evidente la dificultad de expandir la inversión pública. Esta se ha mantenido prácticamente estancada desde el 2012 debido a diversos factores como la mala calidad de los estudios técnicos para las obras, el deterioro de la capacidad de ejecución durante el primer año de gestión de gobernadores regionales y alcaldes (2011, 2015, 2019) y el impacto de los casos de corrupción. Esto ha limitado la capacidad del MEF de utilizar el espacio fiscal disponible para sostener el crecimiento económico en períodos de desaceleración.
Finalmente, la reacción de política fiscal frente a la limitación anterior también dejó algunas lecciones. Por ejemplo, entre el 2014 y el 2016, la economía peruana sufrió un duro golpe desde el frente internacional (el precio del cobre cayó 30%). Como fue difícil expandir la inversión pública para evitar que afectara mucho el crecimiento de la economía, se optó por bajar impuestos y aumentar el gasto en remuneraciones, bienes y servicios en el Estado para dinamizar el consumo. Lo que aprendimos de esa experiencia es que bajar impuestos tiene muy poco impacto sobre el crecimiento y que apoyarse demasiado en el crecimiento del gasto corriente genera el riesgo de quitar flexibilidad al gasto público.
En parte como consecuencia de lo anterior, en los últimos cinco años el impulso de la política fiscal al crecimiento económico del país fue nulo; el déficit fiscal se amplió y el gasto rígido en remuneraciones creció fuertemente. Esto no ha afectado nuestra solidez fiscal, pero sí ha generado una pérdida de margen de acción que podría ser muy útil, por ejemplo, si el entorno internacional decide dar otro golpe. Por eso, hacia adelante será clave no ceder a las presiones para desviar recursos públicos de los usos más productivos para el país y continuar con los esfuerzos para expandir la inversión pública.
