La política pública que hizo posible la justicia inmediata que hoy marca la agenda nacional de seguridad ciudadana
Edman Rodríguez
Secretario Técnico de la Comisión de Nacional implementación de unidades de flagrancia en el Perú
Poder Judicial
Para Lampadia
Cuando la justicia dejó de llegar tarde
Durante décadas, una de las críticas más recurrentes al sistema de justicia penal peruano ha sido su incapacidad para responder con celeridad frente al delito.
La ciudadanía observaba cómo una persona sorprendida y detenida en flagrancia delictiva podía recuperar su libertad casi de manera inmediata y permanecer meses e incluso años inmersa en un proceso penal antes de que se emitiera una decisión definitiva.
La demora procesal, la actuación desarticulada de las instituciones y un modelo de gestión fragmentado debilitaban la capacidad del Estado para responder oportunamente frente al delito, favoreciendo escenarios de impunidad y erosionando la confianza ciudadana en la administración de justicia.
El problema no radicaba exclusivamente en la legislación. El ordenamiento jurídico ya contemplaba mecanismos orientados a brindar una respuesta rápida frente a determinados delitos, particularmente el proceso inmediato; sin embargo, en la práctica, la justicia inmediata difícilmente podría concretarse.
La razón era sencilla: las instituciones llamadas a intervenir actuaban de forma aislada.
La Policía Nacional del Perú realizaba la intervención y las diligencias iniciales, el Ministerio Público dirigía la investigación, la Defensa Pública asumía la defensa técnica, el Poder Judicial resolvía la situación jurídica y el Instituto Nacional Penitenciario intervenía en la etapa correspondiente a la ejecución de sentencia, pero cada entidad operaba desde espacios distintos, con dinámicas propias y escasa articulación.
Ese modelo fragmentado convertía la coordinación en un obstáculo permanente. Los traslados entre instituciones, la duplicidad de actuaciones, los tiempos de espera y la ausencia de una infraestructura compartida dilataban procedimientos que, por su propia naturaleza, debían resolverse con inmediatez.
Por tanto, la justicia inmediata existía en la norma, pero rara vez podía materializarse con la oportunidad que demandaban los hechos y la ciudadanía.
Las Unidades de Flagrancia cambiaron esa realidad
Su principal aporte no fue cambiar las reglas del proceso penal, sino transformar la forma en que el Estado responde frente al delito flagrante.
La innovación consistió en sustituir un esquema institucional fragmentado por un sistema de actuación coordinada, donde todas las instituciones responsables de la persecución penal intervienen desde un mismo espacio físico y funcional.
La Policía Nacional del Perú, el Ministerio Público, el Poder Judicial, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos- a través de la Defensa Pública-, las unidades de investigación forense y el Instituto Nacional Penitenciario dejaron de actuar como entidades aisladas para integrarse en un modelo operativo.
Esta articulación permitió eliminar tiempos muertos, optimizar recursos, reducir la duplicidad de actuaciones y garantizar una respuesta mucho más célere frente a los delitos cometidos en flagrancia.
El cambio fue mucho más profundo que una reducción de plazos. Significó sustituir una lógica institucional basada en la fragmentación por otra sustentada en la coordinación permanente entre los operadores del sistema de justicia.
La Ley N.° 32348: la institucionalización de una política pública de Estado
La aprobación de la Ley N.° 32348, que crea el Sistema Nacional de Justicia Especializado en Flagrancia Delictiva, consolidó jurídicamente un modelo que ya había demostrado su eficacia.
La norma concede al sistema de una estructura permanente de gobernanza, crea el Consejo Nacional de Justicia Especializado en Flagrancia Delictiva, la Secretaría Técnica y los Comités Distritales, y reconoce a las Unidades de Flagrancia como la unidad básica del Sistema Nacional de justicia Especializado en Flagrancia.
Su mayor aporte consiste en institucionalizar una forma distinta de organizar la respuesta del Estado frente al delito flagrante. La coordinación entre las instituciones deja de depender de acuerdos o esfuerzos aislados y pasa a convertirse en un mandato legal sustentado en principios de unidad de actuación, autonomía institucional, eficacia, celeridad procesal, exclusividad y especialidad.
La justicia inmediata deja así de ser únicamente un objetivo procesal para convertirse en una política pública respaldada por un sistema nacional de alcance permanente.
Cuando una política pública ingresa a la agenda nacional
No todas las políticas públicas logran trascender el ámbito técnico e incorporarse al debate político nacional. Las Unidades de Flagrancia lo han conseguido porque sus resultados han demostrado que es posible ofrecer una respuesta más rápida, coordinada y eficiente frente al delito.
Durante el debate presidencial de la segunda vuelta de las Elecciones Generales de 2026, la hoy presidenta electa identificó a las Unidades de Flagrancia como la «piedra angular» de su propuesta para fortalecer el sistema de justicia y enfrentar la inseguridad ciudadana, una posición que ya se encontraba desarrollada en el Plan de Gobierno 2026–2031.
Este reconocimiento tiene un significado que trasciende la coyuntura política. Cuando un modelo impulsado desde las instituciones del sistema de justicia pasa a integrar la agenda presidencial y las prioridades de un plan de gobierno, evidencia que ha alcanzado un grado de madurez institucional suficiente para proyectarse como un componente estratégico de la política nacional de seguridad ciudadana.
Lejos de constituir una respuesta circunstancial frente a la criminalidad, las Unidades de Flagrancia representan hoy una política pública llamada a consolidarse como uno de los principales instrumentos del Estado para enfrentar los desafíos que plantea la delincuencia contemporánea.
La extorsión: la prueba de fuego de la justicia inmediata
La extorsión se ha convertido en uno de los mayores desafíos para la seguridad ciudadana. Frente a este delito, la eficacia del Estado depende, más que nunca, de su capacidad para responder con rapidez, coordinación y firmeza.
En ese escenario, las Unidades de Flagrancia han demostrado que una justicia inmediata es posible. La actuación articulada de la Policía Nacional del Perú, el Ministerio Público, la Defensa Pública y el Poder Judicial permite desarrollar la investigación, formular el requerimiento fiscal y realizar las audiencias en tiempos significativamente menores a los del proceso ordinario.
Los resultados confirman la eficacia del modelo. De acuerdo con la información estadística de la Comisión Nacional de Implementación, durante el año 2025 el Sistema Nacional de Justicia Especializado en Flagrancia Delictiva alcanzó un 92,97 % de casos resueltos, mientras que el 92,35 % de las sentencias fueron emitidas en la primera sesión de audiencia. Estos indicadores reflejan la capacidad del sistema para brindar una respuesta jurisdiccional oportuna frente a los delitos cometidos en flagrancia, pero también una disminución de gasto significativo para el Estado.
En los casos de extorsión, la diferencia resulta particularmente reveladora. En el Distrito Judicial de Lima Centro, un proceso tramitado en una Unidad de Flagrancia concluyó en apenas tres días. En contraste, un proceso por el mismo delito en situación de flagrancia tramitado en el módulo penal requirió 732 días, mientras que otro seguido bajo las reglas del proceso penal común demandó 1,156 días. En otros distritos judiciales, procesos por extorsión han superado incluso los 1,500 días de duración.
La experiencia demuestra que la justicia inmediata constituye una herramienta estratégica para enfrentar la criminalidad cuando el delito es detectado en flagrancia. En un contexto marcado por el incremento de la extorsión, fortalecer el Sistema Nacional de Justicia Especializado en Flagrancia Delictiva significa fortalecer la capacidad de respuesta del Estado frente a una de las principales amenazas para la seguridad ciudadana.
El reto ahora no es demostrar que el modelo funciona, sino consolidarlo. La expansión de las Unidades de Flagrancia, el fortalecimiento de las áreas de criminalística, la interoperabilidad tecnológica y la especialización permanente de los operadores de justicia serán determinantes para preservar una política pública que ya ha demostrado resultados tangibles e innegables que hoy representa uno de los principales instrumentos del Estado para combatir la impunidad.
Conclusión
Las Unidades de Flagrancia han demostrado que es posible hacer realidad una justicia inmediata cuando el Estado actúa de manera articulada. Su principal aporte no ha sido únicamente reducir los tiempos de respuesta, sino transformar la forma en que las instituciones enfrentan el delito flagrante, sustituyendo la fragmentación por un modelo de coordinación permanente orientado a resultados.
La aprobación de la Ley N.° 32348 consolidó esa transformación al institucionalizar el Sistema Nacional de Justicia Especializado en Flagrancia Delictiva como una política pública de Estado. Hoy, sus resultados evidencian que la rapidez no está reñida con la legalidad ni con las garantías del debido proceso; por el contrario, una respuesta oportuna fortalece la eficacia del sistema de justicia y contribuye a recuperar la confianza ciudadana.
En un contexto donde la extorsión y otras formas de criminalidad desafían diariamente la capacidad del Estado, las Unidades de Flagrancia representan una de las respuestas institucionales más sólidas construidas en los últimos años. La evidencia demuestra que el desafío ya no consiste en validar el modelo, sino en consolidarlo, expandirlo y dotarlo de los recursos humanos, tecnológicos y presupuestales que aseguren su sostenibilidad.
El hecho de que este modelo haya sido incorporado al debate presidencial y al Plan de Gobierno 2026–2031 constituye una oportunidad histórica. Por primera vez, una política pública nacida desde el propio sistema de justicia se encuentra en condiciones de convertirse en uno de los pilares de la estrategia nacional de seguridad ciudadana.
La seguridad ciudadana no se construye únicamente con más policías o con penas más severas; también se construye con un sistema de justicia capaz de responder con oportunidad, coordinación y eficacia. Las Unidades de Flagrancia ya demostraron que ese camino es posible. El desafío del próximo gobierno no será empezar de cero, sino consolidar, fortalecer y proyectar a nivel nacional una política pública que ya está dando resultados positivos y que puede convertirse en uno de los legados más importantes para la justicia y la seguridad del país.
Lampadia
