Por: Roberto Abusada
En varias oportunidades en este mismo espacio he opinado sobre la importancia crucial de producir un fuerte rebote del crecimiento económico el año próximo. Sin la base de tal crecimiento la recuperación del nivel que la economía tuvo en diciembre del 2019 tardaría cerca de ocho años en lugar de 12 o 18 meses. La gravedad de tal evento se traduciría en la pérdida de una década de progreso.
Naturalmente, el Perú en los últimos meses ha sufrido el creciente deterioro de sus instituciones, y en particular en la degradación de la política. Sin embargo, el Perú sigue siendo un país con fundamentos financieros muy sólidos y un Poder Ejecutivo que con la ley en la mano puede ejercer un poder enorme. Ese poder debe ser usado desde ahora teniendo siempre presente que el Perú es una nación unitaria y no una república federal donde los gobiernos regionales se arrogan derechos que no están en la ley. El gobierno nacional debe cesar de abdicar constantemente del carácter rector que le otorgan las seis leyes de desarrollo constitucional que establecieron la regionalización, además de lo que norma la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.
La clave esencial para generar la imprescindible gran recuperación en el 2021 radica en poner todo el énfasis del gobierno en producir un aumento muy grande en la inversión pública y privada. Esto requiere un liderazgo enorme que ataque los problemas que hoy mantienen paralizados enormes proyectos en minería, irrigación, e infraestructura en general. Liderazgo que se tiene que manifestar en una estrategia inteligente para detener al movimiento antiminero, y terminar con la estigmatización de la empresa privada, y particularmente el sector de empresas constructoras manchadas por los eventos de corrupción ligados al caso Lava Jato y otros. Estas empresas son activos nacionales y sus inconductas deben ser procesadas como se hace en cualquier país civilizado propiciando la salida de la dirección de tales empresas de los individuos causantes de tales inconductas a ser procesadas por el Poder Judicial al tiempo que se establece una reparación civil a ser pagada por cada empresa. Son las personas las que delinquen, no las empresas.
El caso de la minería es más complejo, pero no por ello imposible de resolver. El gobierno debe tomar la iniciativa para quitar el poder al movimiento antiminero al que le ha cedido gratuitamente todas las zonas de influencia de los grandes proyectos mineros. En este momento de penuria nacional es literalmente suicida abandonar el desarrollo de uno de los principales territorios mineros del mundo. La estrategia del gobierno debe consistir en desarrollar tres actividades básicas. La primera es la de aumentar la presencia del Estado y acompañar a las empresas en la difusión de información veraz y transparente sobre los beneficios de la actividad en la zona. La segunda es desplegar los servicios de inteligencia para que el gobierno no sea sorprendido por la oposición fraudulenta y antipatriota que genera el movimiento antiminero. Y la tercera es la de adelantar beneficios pecuniarios y no pecuniarios a las comunidades de la zona.
En la actualidad existen 17 importantes proyectos mineros prestos a iniciarse. Están además los tres proyectos de irrigación (Majes-Siguas II, Olmos II y Chavimochic III) absurdamente paralizados desde diciembre de 2017, octubre del 2015 y noviembre del 2016 respectivamente. A todo esto se suma la lentitud de la marcha de la Línea 2 del Metro y el avance igualmente lento de la construcción de varias redes viales concesionadas, y las demoras en el avance de las aprobaciones para la iniciación de la obra del puerto de Chancay; una obra de más de $3,000 millones que creará el megapuerto más importante del Pacífico de América del Sur.
Todo lo mencionado aquí generaría la actividad económica desde el inicio de las etapas constructivas, las cuales producen incluso más actividad que la de la obra misma una vez terminada, y dinamizan amplios sectores de la industria, la agricultura y los servicios. De allí que un gobierno diligente pueda hacer la diferencia entre una recuperación acelerada o el desastre de una década perdida.
Vayamos a los números. El Banco Central proyecta para el 2021 un crecimiento de la inversión pública y privada de 11% y 20% respectivamente. No existe razón alguna para que el gobierno no genere un aumento de la inversión pública de al menos 30% para el próximo año, y con las medidas aquí descritas, llevar el crecimiento de la inversión privada del 20% al 50%. Estos dos componentes del PBI generarían un aumento de 1.35 puntos porcentuales en el caso de la inversión pública y 9 puntos adicionales en el caso de la inversión privada. Con estos dos elementos aumentaría el rebote por encima del 11.8% que proyecta el Banco Central para el próximo año hasta un 20%, haciendo que la economía al final del año del bicentenario recupere íntegramente todo el quebranto producido este año. Parece un sueño irreal pero posible con un liderazgo que evite la catástrofe de una década perdida.
