Jaime de Althaus
Para Lampadia
Roberto Sánchez ha desarrollado una doble impostura: ante los campesinos andinos se ha disfrazado de Pedro Castillo, y ante los limeños y urbanos centristas de clase media ha pretendido disfrazarse de moderado defensor de la economía de mercado con su nuevo plan.
Pero este disfraz es falso también porque el nuevo plan plantea, entre otras cosas:
- “Refundar la República”.
- “Recuperar el Estado para el pueblo a través de una Nueva Constitución”, mediante movilizaciones que lleven a una asamblea constituyente aprobada directamente por un referéndum (inconstitucional) (pp. 16, 20, 31)
- Cambiar el capítulo económico y el modelo económico (p.19)
- Fin al rol subsidiario del Estado (p. 19)
- “Garantizar soberanía sobre los recursos naturales” (p. 16)
- Revisar las concesiones mineras (p.46)
- Negociación colectiva supra empresarial (p.48)
No solo eso. Propone una vía simple y cuasi revolucionaria para lograrlo. Se trata de “derogar la Ley 31399, que condiciona a la aprobación previa del Congreso la convocatoria a referéndum para la reforma constitucional” (p.31).
Esa ley en realidad no hace sino repetir lo que está en la constitución, de modo que aun derogada convocar a un referéndum de manera directa sería inconstitucional, pero impulsarán una movilización para que el Ejecutivo convoque a un referéndum para consultarle a la gente si quiere asamblea constituyente o no, con el argumento de que la ley fue derogada.
El nuevo plan lo dice: “Los cambios reales se logran con la fuerza del pueblo organizado, en las calles, en los barrios, en el campo y en los centros de trabajo…” (p. 16).
No sería de extrañar que se le encargue a Antauro Humala liderar esa movilización. El único escollo sería conseguir la mayoría necesaria para derogar la ley, lo que requeriría solo de mayoría simple. En el Senado probablemente necesitarían algunos votos de la bancada de Buen Gobierno. ¿Es imposible? No.
De modo que la versión tranquilizante de que no podrían convocar asamblea constituyente porque no tienen los votos no tiene asidero si es que logran imponer la tesis de que derogando la ley basta. Eso sería inconstitucional, repetimos, pero todo depende la capacidad de la institucionalidad de resistir a un embate de grupos insurreccionales movilizados en las calles.
Por supuesto la convocatoria a una asamblea constituyente trae consigo la parálisis inmediata de la inversión ante la inminencia del cambio del capítulo económico, y el peligro de que una mayoría en dicha asamblea apruebe la reelección indefinida del gobernante, tal como ocurrió con Chávez, Maduro, Correa, Evo Morales y Ortega.
Y aun si un eventual gobierno de Sánchez no lograra consumar su plan de gobierno en ese aspecto, el daño que puede hacer desde el Ejecutivo es inconmensurable, en todo orden de cosas, desde el avance de la criminalidad y la corrupción hasta trabas regulatorias de todo tipo a la inversión privada, el aumento de la informalidad, el déficit fiscal, pasando por el deterioro profundo de los servicios públicos.
Un gobierno de Keiko Fujimori, en cambio, asegura reformas de segunda generación para conseguir altas tasas de crecimiento y reducción acelerada de la pobreza.
No podemos perder esa oportunidad.
Lampadia
