Alejandro Deustua
Contexto.org
19 de mayo de 2026
Para Lampadia
Desde 2016 los procesos electorales en el Perú muestran que quienes pasan a la segunda vuelta lo hacen con muy bajo porcentaje de votos y estrechísima diferencia (situación que se repite en el balotaje).
En 2026, la tendencia se ha reiterado: Keiko Fujimori encabezó la primera vuelta con apenas 17% de los votos y su contendiente, Roberto Sánchez, triunfó sobre Rafael López Aliaga por 0.12%.
En ese marco las entidades del sistema electoral (JNE, ONPE, RENIEC) debieran haber operado con extraordinario esmero. Ello no ha ocurrido en niveles adecuados. Los términos de nuestra soberanía interna y de gobernabilidad han sido afectados.
El descuido ha tenido también impacto anecdótico.
Si frente a las irregularidades conocidas, el proceso debió haber concluido con la mayor transparencia, las autoridades prefirieron proclamar los resultados en horas de escasísima atención ciudadana. El hecho puede ser menor pero una vez reconocidas las fallas logísticas que impidieron que 63 mil ciudadanos pudiera votar y que la diferencia entre el Sánchez y López Aliaga fue de apenas 21 mil votos, éste cobra mayor significación.
Especialmente cuando la segunda vuelta de las elecciones del 2016 y el 2021 fueron ganadas por menos de 1% de los votos y con notable y curiosa simetría (Pedro Pablo Kuczynski triunfó sobre Keiko Fujimori con 50.12% sobre 49.88% y Pedro Castillo lo hizo sobre Fujimori con 50.12% sobre 49.87%%).
El electorado peruano puede estar polarizado pero no en términos de matemático equilibrio porque la fragmentación es el factor electoral dominante: en los recientes comicios compitieron 36 entidades (antes que partidos) de las que alrededor de dos tercios no pasaron la valla electoral del 5%. Esta anómala situación tampoco fue adecuadamente atendida por la ONPE aunque la responsabilidad por la permisividad de tal cantidad de entidades recae sobre el Congreso.
La inconsecuencia de esas instituciones es, sin embargo, aún mayor si se considera que el Perú padece los síntomas de los “regímenes híbridos” (categoría en la que el EIU incluye al Perú) o de las sociedades “parcialmente libres” (Freedom House). La sintomatología referida se define por creciente erosión institucional, escasa gobernabilidad, persistencia de ideologías y organizaciones populistas, pérdida de libertades, entre otros. Pero también por procesos electorales que esas instituciones no se han esmerado en corregir.
Al respecto se podrá argumentar que esa tarea correctiva no corresponde a los objetivos constitucionales de nuestro sistema electoral. O que, en todo caso, los indicadores mencionados integran índices que evalúan sólo referencialmente el funcionamiento de la democracia en el mundo (que hasta hoy ha señalado un incremento de tendencias iliberales). Al respecto debe recordarse, sin embargo, que esos índices también muestran que el proceso de deterioro parece haberse estabilizado y que las democracias están alcanzando esperanzadoras cotas de resiliencia. Si el proceso electoral peruano contribuye a esas cotas lo hace con alto grado de insatisfacción ciudadana.
De otro lado, también es posible alegar que aún los estados liberales más desarrollados están afectados por la sintomatología del deterioro democrático. Al respecto, veamos el caso de las elecciones norteamericanas del 2000.
El proceso electoral de la segunda democracia en el mundo se decidió ese año en Florida por una diferencia de apenas 537 “voto populares” que, luego de una decisión de la Corte Suprema que suspendió el recuento manual de esos votos, incrementaron la dotación de “votos electorales” que favorecieron al candidato George Bush. Ello permitió a ese candidato triunfar en el “colegio electoral” a pesar de que el candidato demócrata Al Gore había ganado el “voto popular”. Como se sabe, el “colegio electoral” norteamericano elige al presidente y al vice-presidente de ese país luego conformarse con el insumo del “voto popular” en los diferentes “distritos electorales” de Estados Unidos.
Esa situación no restó legitimidad al presidente Bush ni a sus decisiones fundamentales como declarar la “guerra contra el terrorismo” luego del ataque de las Torres Gemelas en setiembre del 2001 o de invadir Irak en 2003 luego de alegar que el régimen de Sadam Hussein había desarrollado y almacenado “armas de destrucción masiva”. Estados Unidos logró el apoyo de más de cuarenta países.
Éste no es el caso del Perú en que la legitimidad tiende a ser proporcional a la magnitud del triunfo electoral. Y mucho menos, luego de la vacancia de Pedro Castillo motivada por el autogolpe de 2022 cuando el Perú tuvo que afrontar presiones de aislamiento internacional. Como se recuerda, Castillo triunfó en segunda vuelta por apenas por 44 mil votos luego de ganar la primera vuelta por un escaso 4.73%% (una proporción apenas menor al triunfo por 5.1% hoy de la señora Fujimori). El Perú aceleró con entonces su rumbo hacia la ingobernabilidad y desprestigio sumando cuatro presidentes sucesivos en el período 2021-2026 a los cuatro desgobiernos del período 2016-2021.
El Perú no aguanta un ciclo presidencial más de esas características. La JNE y la ONPE deben saberlo.
Lampadia
