Adriana Tudela
El Comercio, 10 de marzo del 2026
“Es un peligro real que la ausencia de las fuerzas del orden pueda generar zonas liberadas en las que no puedan entrar fiscalizadores de los organismos electorales ni los personeros de los partidos”.
Las graves irregularidades de la primera vuelta han proyectado una sombra de sospecha sobre el proceso electoral y han generado, justificadamente, altos niveles de desconfianza en la ciudadanía respecto al resultado que terminará viéndose seriamente afectado por esto. Si bien es muy difícil creer que lo ocurrido fue producto de la casualidad y lo objetivo es que haya un sector del electorado y candidatos que se han visto perjudicados, también es una realidad que anular las elecciones no solo no produciría un resultado como el que esperan quienes así lo piden, sino que sería extremadamente complicado en la práctica.
La anulación total o parcial nos genera un entrampamiento político y constitucional sin salida, pues exigiría extender el mandato tanto del Congreso como del gobierno. Eso requiere una reforma que incluya una disposición transitoria en la Constitución. Más allá de que los 87 votos que se necesitan para hacerlo claramente no existen, tampoco nos quedan dos legislaturas para aprobar un cambio de esa naturaleza.
Ahora, lo que tampoco es sostenible es hacer de cuenta que no pasó nada, como quisieran algunos que nos exigen “pasar la página”. Los órganos electorales deben rendir cuentas, dar las respuestas que hasta ahora no han dado a los cuestionamientos legítimos de la ciudadanía y llevar a cabo una auditoría internacional. Sin perjuicio de lo anterior, lo cierto es que los resultados serán anunciados en los próximos días y es casi un hecho que la segunda vuelta será entre Fujimori y Sánchez. Este escenario nos demanda enfocarnos en el segundo tiempo de este partido electoral, para crear un solo frente integrado por las fuerzas políticas democráticas y la ciudadanía que esté alerta frente a otra realidad: la cancha no está pareja.
Tener en Palacio a Balcázar y, por extensión, a Vladimir Cerrón, padre putativo de Castillo, representa un riesgo enorme para la elección. Sería una ingenuidad tremenda pensar que el actual gobierno es neutral frente a ambas candidaturas y que no intentará hacer todo lo que esté en sus manos para favorecer la candidatura de Roberto Sánchez. El mismo Balcázar admite que guarda estrecha relación y coordinación con Cerrón. Es lógico, pues forman parte de un mismo proyecto político que no es precisamente democrático, sino que ve a la democracia como un instrumento para conseguir poder absoluto.
No es una posibilidad remota que desde el Ejecutivo se tomen medidas para inclinar la cancha a favor de Sánchez. De hecho, ya parece estarse poniendo en marcha una operación para indultar a Castillo, cuyo objetivo sería permitirle hacer campaña a escala nacional de la mano de Sánchez.
Asimismo, no sería descabellado pensar que el gobierno esté preparando una orden de inamovilidad absoluta que impida el voto de los miembros de las FF.AA. o que, intencionalmente, impida el despliegue nacional de las FF.AA. y la policía, dejando sin garantías de seguridad a los locales de votación y al material electoral.
Es un peligro real que la ausencia de las fuerzas del orden pueda generar zonas liberadas en las que no puedan entrar fiscalizadores de los organismos electorales ni los personeros de los partidos. Esto sería inaceptable. Que las actas reflejen de manera exacta lo que está consignado en las cédulas de votación, que no debería ser otra cosa que la voluntad de los electores, depende fundamentalmente de los personeros de los partidos. Ellos van a jugar un rol clave. Debemos estar preparados, alertas y unidos ante ese escenario.
