Oswaldo Molina
El Comercio, 29 de marzo del 2026
“Cumplir la promesa de un Estado -en todos sus niveles de gobierno- que brinde servicios públicos de calidad, requiere de un cambio”, dice Oswaldo Molina, Profesor e Investigador de la Universidad del Pacífico y fundador de la Red de Estudios para el Desarrollo para La Mirada.
El Perú se ha acostumbrado trágicamente a las carreteras a medio hacer, los hospitales paralizados y los colegios que nunca se culminan. Contrario a lo que muchos creen, el problema no es la falta de recursos para la inversión pública. Con un gasto que ronda el 5% del PBI, la inversión pública peruana es superior al promedio de la OCDE (3,4%) y duplica la de sus pares, como Chile y Colombia. Y sin embargo, construimos menos. La promesa de cerrar brechas y mejorar el bienestar de nuestros compatriotas se vuelve vacía precisamente en esta contradicción.
Una cifra resume bien este fracaso: según el Banco Mundial, casi el 45% de los proyectos en ejecución estaban abandonados hacia finales de 2023, representando un valor equivalente al 17,3% del PBI. Lo que es peor, estos no son casos aislados o accidentes, sino un patrón persistente. Estas obras abandonadas, además, no siempre estuvieron ahí. De hecho, la tendencia de los últimos años ha sido explosiva: los proyectos abandonados se han duplicado aproximadamente cada tres años desde 2012. ¿Qué es lo que ha pasado entonces? Durante años, el Perú operaba bajo un sistema de inversión pública que privilegiaba el control: el SNIP. Este era lento, centralizado y muy burocrático. Por ello, en 2016 se decidió cambiar dicho sistema por el invierte.pe, un sistema descentralizado que buscaba acelerar la inversión. El problema es que la aceleró con menos control. Así, según este mismo estudio del Banco Mundial, aquellos proyectos aprobados bajo los estándares del SNIP tenían entre 10 y 12 puntos porcentuales menos probabilidad de caer en abandono. Como se puede apreciar, no parece coincidencia que este deterioro haya ocurrido en paralelo a un sistema que redujo drásticamente los estándares de evaluación.
Cumplir la promesa de un Estado -en todos sus niveles de gobierno- que brinde servicios públicos de calidad, requiere de un cambio. La respuesta no pasa por regresar al pasado ni por seguir debilitando los estándares. Se requiere un equilibrio entre agilidad y rigurosidad en el sistema de inversión pública. Eso implica recuperar mecanismos de revisión independiente, al menos para proyectos complejos; fortalecer la planificación estratégica; y, sobre todo, asegurar que el presupuesto priorice la culminación de las obras iniciadas. En este año electoral -en el que justamente elegiremos autoridades nacionales, regionales y locales- prioricemos poner en agenda cómo mejoramos la eficiencia de nuestro sistema de inversión pública. Pocas cosas pueden sumar más al bienestar de los más necesitamos de nuestra patria. De lo contrario, seguiremos atrapados en una espiral de obras que se inician pero nunca se terminan. Y una obra inconclusa no solo es cemento abandonado, es principalmente una promesa incumplida.
