Por: Patricia Teullet
Perú21, 2 de mayo del 2022
“El aumento de los precios por mayores costos de combustible y transporte, fertilizantes y pesticidas para la agricultura, entre otros, afecta más a las familias más pobres, ya golpeadas por la pandemia”.
Uno de los lemas de campaña de Castillo fue “No más pobres en un país rico”. Si bien no podíamos considerar al Perú como un “país rico”, la conclusión lógica era que su intención era reducir la pobreza con las medidas adecuadas. Los hechos están demostrando que esa fue una conclusión acelerada y que podía haber otro escenario en que la “promesa” se cumpliera: en lugar de reducirse el número de pobres, también cabía la posibilidad, mucho más fácil, de hacer del Perú un país ‘menos rico’.
Si bien los recursos naturales seguirán allí, de poco sirven para mejorar la situación de los peruanos más pobres si no hay inversión para aprovecharlos. Uno de los casos más llamativos es el de la minería: en un contexto en el cual el precio de los metales es alto, la exportación de los mismos genera más ingresos de dólares al país, mayor crecimiento (en la minería e industrias de la cadena) y más recursos por el pago de impuestos al Estado. Además, en época de precios altos se animan los inversionistas para el desarrollo de nuevos proyectos que sustentarán el crecimiento a futuro y en la etapa inicial de construcción tendrán un impacto directo también sobre el empleo.
Y, en general, en todos los sectores, la incapacidad de manejar los conflictos sociales (e incluso alentarlos), la inestabilidad política, los escándalos de corrupción y las propuestas populistas impiden al Perú aprovechar una oportunidad de atraer nueva inversión y generar mayores ingresos para las familias, vale decir, tener menos pobres. En lugar de ello, con la reducción de las tasas de crecimiento y el deterioro institucional, vamos más por el camino de que el Perú se estanque o retroceda en los niveles de ingreso per cápita y en la caída de los relativos niveles de bienestar alcanzados por su población que, lamentablemente, aún tenían retraso respecto a lo esperable en un país de ingreso medio.
La inflación, esta vez, no es un fenómeno solo nuestro: el aumento de los precios por mayores costos de combustible y transporte, fertilizantes y pesticidas para la agricultura, entre otros, afecta más a las familias más pobres, ya golpeadas por la pandemia y cuyo gasto más fuerte está en alimentos. No es difícil identificarlos y focalizar la ayuda para atender necesidades básicas. En lugar de ello, se elige reducir el IGV, sabiendo que no habrá un efecto total ni duradero sobre el precio de los productos pues técnicamente es imposible que lo haya. ¿Por qué se tomó la decisión? ¿Para tener a quién culpar cuando el efecto no sea el esperado e intentar un paso más hacia los controles de precios y una mayor intervención del Estado?
