Por: Carlos Basombrío Iglesias
El Comercio, 4 de mayo del 2022
«Retirar 40 bases antisubversivas del Vraem y, con ello, a varios miles de militares que enfrentan a los remanentes de Sendero Luminoso […] no lo esperarían ni del ‘presidente Gonzalo».
“Cuarto poder” presentó el domingo pasado un reportaje sobre la captura del poderoso narcotraficante del Vraem, Mike Flores, más conocido en Pichari como ‘Schumacher’, por su afición a los carros de carreras. Con él, cayó toda su organización criminal.
Un excelente trabajo de la Oficina de Búsqueda de la División de Inteligencia de la Dirección Antidrogas (Dirandro) y de la Fiscalía Especializada en Tráfico de Drogas. Resultados así solo se consiguen con mucha paciencia, enorme dedicación y un compromiso que va más allá de lo que el deber obliga. Un trabajo de equipo, pero que podemos simbolizar en el liderazgo de la comandante PNP Roxana Tello, ‘Chana’, que cada vez que sale al campo deja a dos hijos en su hogar a los que ella describe como los amuletos que la ayudan a retornar con bien.
¿Saben cuánto tiempo tomó el trabajo de ‘Chana’ y del equipo de la Dirandro? ¡Dos años!
Un resultado valiosísimo, pero que se tendría que sumar a muchísimos esfuerzos en distintos ámbitos liderados por el Gobierno para obtener resultados significativos y que no resulte todo revertido por un nuevo ‘Schumacher’ al que tome otros dos años capturar.
Pero está sucediendo exactamente lo contrario. El gobierno de Pedro Castillo está tomando múltiples decisiones que lo único que van a hacer es aumentar el narcotráfico y el narcoterrorismo en el Perú; en particular, en el Vraem, de donde viene el 70% de la cocaína que “exportamos”.
Es verdad que la erradicación forzada de cultivos ilegales de coca para el narcotráfico no es la panacea, pero sí ha operado como un control que evita que el cáncer haga metástasis. La prueba más evidente es lo ocurrido en los últimos tres años. De acuerdo con Unodoc y Devida, el 2018 terminó con 54.134 hectáreas de coca ilegal y el 2019 se erradicaron 25.107 hectáreas, concluyendo el año con 54.655 hectáreas. En cambio, en el 2020, debido a la pandemia, solo se erradicaron 6.273 hectáreas y los sembríos se dispararon a 61.277 hectáreas. Peor aún, en el 2021 solo se erradicaron 5.277 hectáreas. Esto, en el primer semestre, porque en los meses de lluvia no se puede erradicar y por la feroz segunda ola del COVID-19, y en el segundo semestre, por decisión del gobierno de Castillo. Es fácil de suponer que en el 2021 debemos de haber pasado las 70.000 hectáreas de sembríos.
Ahora, con la decisión de no erradicar, salvo que voluntariamente el cocalero ilegal lo pida, en el marco de un “pacto social ciudadano” con Devida (que, según Rubén Vargas, es manejada tras bambalinas por Guillermo Bermejo) nos llevará muy probablemente a que los cultivos al final del 2022 estén bastante por encima de las 80.000 hectáreas.
A eso, hay que sumarles las promesas del Gobierno de empadronar a los cocaleros que no lo están; a saber, todos los que producen para el narcotráfico, ya que los de la hoja que va al consumo legal sí lo están. Además, han ofrecido que Enaco les comprará toda su producción: ello, por si los narcos no alcanzaran a cómprasela en su integridad.
Agréguese la increíble decisión de retirar 40 bases antisubversivas del Vraem y, con ello, a varios miles de militares que enfrentan a los remanentes de Sendero Luminoso. Un regalo así no lo esperarían ni del “presidente Gonzalo”.
¿Es solamente la suma de ingenuidad, demagogia y complicidad con los campesinos cocaleros ilegales para tenerlos como base social lo que explica lo que vienen haciendo?
Si nos guiamos por las revelaciones que presentó “Panorama” el mismo domingo, las decisiones que llevan a facilitarle las cosas al Militarizado Partido Comunista del Perú asentado en el Vraem no serían casualidad, sino parte de una estrategia más amplia liderada por Vladimir Cerrón, Guillermo Bermejo y Guido Bellido.
A eso se refería el general Óscar Arriola, jefe de la Dircote –al que trataron de sacar de la institución en diciembre y, para su desgracia, fracasaron–, cuando dijo públicamente que habían pedido a la fiscal la detención preliminar y el allanamiento de la vivienda de los citados personajes.
El informe que sustenta el pedido sostiene, en base a las declaraciones de más de un colaborador eficaz, que los tres poderosos personajes de este régimen han tenido vínculos con los Quispe Palomino en el Vraem, en la línea de hacer con ellos una alianza con el nombre de Frente Unido Democrático Revolucionario del Perú.
Da cuenta también de manera documentada de las diversas estratagemas que muy recientemente organizaron para acallar al testigo Villarruel Medina, más conocido como ‘Sacha’; una actitud que, en sí misma, es un síntoma de culpabilidad.
Todo esto merece la más profunda investigación del Ministerio Público y no la lenidad con la que la fiscal viene actuando.
El crecimiento del narcotráfico y del narcoterrorismo por estas inauditas medidas de Castillo es una amenaza de proporciones para la seguridad nacional que traerá consecuencias potencialmente muy graves en los ámbitos de corrupción de funcionarios y de la seguridad cotidiana de los peruanos.
