Situación de la política antidrogas en Colombia, controversias con UNODC sobre el Monitoreo de Coca, tensión bilateral Colombia–EE.UU y escenarios para Perú
Jaime A. García Díaz
Investigador Principal del Instituto de Estudios internacionales de la PUCP
Para Lampadia
El 6 octubre de 2025, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) emitió un comunicado reconociendo limitaciones metodológicas en sus estimaciones sobre la producción potencial de cocaína en Colombia.
Esta declaración se produjo tras críticas del presidente Gustavo Petro, quien cuestionó la validez de los datos utilizados por Estados Unidos para descertificar a Colombia como socio en la lucha antidrogas el 16 de septiembre.
UNODC no ha informado que las cifras publicadas estén erradas, aunque el presidente Petro ya adelantó opinión que sí lo estarían, en el sentido que los volúmenes de potencial de producción de cocaína de 2,664 toneladas informadas para 2023 serían menores.
El 19 de octubre, la tensión entre el Colombia y los EEUU se intensificó cuando el presidente Donald Trump anunció el fin de la ayuda financiera a Colombia, calificando a Petro como “líder del narcotráfico” y acusándolo de fomentar la producción masiva de drogas.
El nuevo escenario en Colombia plantea una serie de interrogantes acerca del futuro de la política antidrogas en ese país. Es un escenario de muy corto plazo en la medida que habrá elecciones en 2026, congresales el próximo mes de marzo y presidenciales en mayo. Dependiendo de los resultados electorales podría haber un nuevo giro en su política antidrogas.
Sin duda, esta situación tiene impactos en la región y Perú puede tomar el liderazgo regional, aunque también en Perú el escenario es de muy corto plazo con elecciones congresales y presidenciales en el mes de abril de 2026.
Evolución del sistema de monitoreo y controversia técnica
Desde hace más de dos décadas, la UNODC ha trabajado con el gobierno colombiano a través del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI). En su comunicado reciente, la UNODC reconoció:
- Limitaciones científicas, presupuestales y de seguridad en el monitoreo.
- Falta de actualización regional desde 2005.
- Necesidad de ampliar los indicadores, incluyendo el concepto de “cocaína disponible”.
El presidente Petro afirmó que la descertificación por parte de EEUU se basó en cifras erróneas y que la UNODC “reconoció el error en su método”. Esta postura sugiere una estrategia de deslegitimación de los datos como mecanismo de defensa política.
En nuestra opinión, es cierto que las estadísticas de UNODC son perfectibles porque se trata de una estimación. Sin embargo, los argumentos del uso de indicadores de productividad desactualizados en todo caso afectarían en contra con un mayor volumen de productividad.
El hecho de una fuerte reducción de la erradicación de los cultivos de coca en Colombia, desde que ingresó Petro, dan como resultado una mayor expansión del área (nuevas áreas) y una mayor edad de los cultivos de coca en áreas sembradas, lo que determinaría una mayor productividad promedio de volumen de coca por hectárea.
En el siguiente cuadro se incluye información de UNODC y de SIMCI (la estimación de la producción potencial de cocaína para 2024 es propia). Se puede ver que ha habido un crecimiento en la incautación de cocaína, pero la producción potencial de cocaína ha crecido más, no solo por el crecimiento del área sino por mejora de productividad. El indicador de disponibilidad de cocaína (producción potencial menos incautaciones) ha crecido de 669 toneladas de cocaína en 2021 a 1,918 toneladas en 2023 y una estimación propia de más de 2,000 toneladas en 2024.
Gráfico 1:
Evolución de la producción potencial, incautación y disponibilidad de cocaína en Colombia (2010-2024)
La Nueva Política de Drogas impulsada por Petro no ha dado resultado. La fuerte reducción de la erradicación de los cultivos de coca, su deseo de impulsar la Paz Total incluyendo la negociación con los cárteles de la droga, ha debilitado la lucha contra las drogas y ha provocado un mayor crecimiento del narcotráfico en Colombia.
Declaraciones de Trump y escalamiento diplomático
El presidente Trump anunció el fin de la ayuda financiera a Colombia, acusando a Petro de incentivar la producción de drogas y calificándolo como “líder del narcotráfico”. Petro respondió que Trump “está engañado” y que ha sido uno de los principales opositores de las mafias en Colombia. La cancillería colombiana anunció que acudirá a instancias internacionales para defender su soberanía. Este intercambio marca un punto de inflexión en la relación bilateral, que ya había sido debilitada por la descertificación y la suspensión de visas a funcionarios colombianos.
Esta situación plantea varios posibles escenarios, pero todos ellos se avizora un deterioro de la cooperación antidrogas, se mantendrá la tendencia de crecimiento de los cultivos de coca, Petro no cambiará su enfoque de la Nueva Política de Drogas. Esta es una situación coyuntural de corto plazo que es muy probable que cambie luego de las elecciones congresales y presidenciales en Colombia en el próximo año.
Implicancias para la región y para Perú
La crisis diplomática entre Colombia y Estados Unidos, sumada a la revisión metodológica de la UNODC, van a tener efectos colaterales significativos en la región. En particular, se anticipa una mayor producción de cocaína, acompañado de una consolidación de redes criminales transnacionales.
Aunque Perú ha mantenido una política de lucha contra las drogas relativamente estable, ha mantenido su compromiso como país de invertir sus propios recursos para financiar la lucha antidrogas y en particular la reducción de cultivos de coca (erradicación). En los dos últimos años se ha logrado una reducción del área de coca de 95,008 hectáreas en 2022 a 92,784 ha en 2023 y 89,755 ha en 2024.
Pero también ha visto reducida la cooperación de los EEUU, primero con la desaparición de la agencia USAID que cortó el financiamiento de cooperación para los programas de desarrollo alternativo.
Pero desde el mes de junio la cooperación de los EEUU también se ha recortado para el componente de erradicación de cultivos de coca, una medida que habría sido tomada durante el gobierno de Biden y el actual gobierno de Trump la mantuvo. Esta situación sí afectará las labores de la agencia encargada de la erradicación el CORAH, no solo por la menor disponibilidad de recursos, sino porque deja de tener un estatus especial para la ejecución de su gasto público, lo que le quitará flexibilidad y eficiencia en sus operaciones. Se espera que en la próxima Ley de Presupuesto se reconozca un estatus especial al CORAH para facilitar su operatividad.
Perú debe desplegar una estrategia diplomática inmediata para recuperar espacios en la relación bilateral con los EEUU.
El tema del narcotráfico en Perú ha sido el origen de los problemas de inseguridad que vivimos, no solo por la presencia de las organizaciones criminales internacionales en el país, sino por el financiamiento económico de sus actividades delictivas, sobre todo el sicariato y las extorsiones.
Perú requiere fortalecer sus labores de interdicción y erradicación de cultivos de coca, aunque tenemos un gobierno transitorio, hay espacio para desplegar una estrategia de mayor cercamiento con el Departamento de Estado y la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL por sus siglas en inglés). Lampadia
