Alejandro Deustua
Contexto.org
23 de julio de 2025
Para Lampadia
Las exportaciones peruanas confrontan problemas definidos en términos de seguridad. Tal definición refuerza la trinchera mercantilista que el conjunto de las ventas dirigidas a Estados Unidos y, específicamente, las del cobre, debe atravesar. Y también compete a la colocación ilegal de oro (y cobre) que se exporta clandestinamente a Bolivia.
Como se sabe, las exportaciones peruanas a Estados Unidos serían afectadas por el piso universal del 10% arancelario establecido ilegalmente por Trump y que fue activado mediante una mera Orden Ejecutiva sin anuencia explícita del Congreso norteamericano. Esa norma proteccionista pretende justificarse en la “inusual y extraordinaria amenaza a la seguridad nacional y economía de Estados Unidos” proveniente de supuestos abusos con que el resto del mundo trata a las exportaciones de ese país generando déficits de balanza comercial.
Lo mismo ocurre con el irracional arancel de 50% a las exportaciones de cobre de todo origen anunciada el 9 de julio. En efecto, ya en febrero pasado Trump había dispuesto que el cobre no sólo es un “material crítico y esencial para la seguridad nacional, la fortaleza económica y la resiliencia de los Estados Unidos”, sino que la “dependencia de fuentes extranjeras” de la disposición de ese metal, la concentración de los productores y el riesgo de manipulación del mercado por ellos “amenazan con perjudicar la seguridad nacional” de la primera potencia. El estudio del caso y las medidas consecuentes procederían en el marco de la disposición de la Sección 232 de la Trade Expansion Act que permite al presidente norteamericano, por delegación congresal (que tampoco ha sido explícitamente otorgada), imponer restricciones y/o negociar con socios que generen el potencial perjuicio.
Imaginamos que nuestras autoridades habrán cuestionado ese alegato y demostrado que las exportaciones peruanas no representan esa amenaza ni conocen la investigación que establezca lo contrario. Y que, en consecuencia, la ilegalidad de los aranceles cobra una dimensión mayor. Especialmente cuando las exportaciones están cubiertas por un acuerdo de libre comercio.
El argumento peruano no debería admitir medias tintas. Y de no surtir efectos, debiera dar lugar a una declaración expresa estableciendo que la relación comercial peruano-norteamericana ingresa a un nuevo régimen que debe ser definido claramente sin perjuicio de los esfuerzos que, a favor del multilateralismo, países como el Perú puedan emprender. El derecho al reclamo (en la OMC p.e.) debe quedar establecido.
De esa eventual postura no hay aún registro. Si se puede entender que tal silencio obedece a requerimientos de reserva, el enfoque general del proceso sí debiera conocerse. Especialmente si la corriente negociadora que se basa en la fútil expectativa de mejores logros a cambio de la simple aquiescencia del perjudicado (una recomendación de Trump) contrasta ya con la de varios interlocutores:
Brasil, que ha reclamado frente a la amenaza trumpista de infligirle otro 50% para defender a un socio político (Bolsonaro);
España, que resiste otra amenaza arancelaria blandida por negarse a aceptar el incremento de su cuota a la OTAN (5% del PBI);
Canadá, que reacciona públicamente frente a la pretensión colonial de Trump;
la Unión Europea que, deseando un acuerdo, advierte sobre su capacidad de retaliación;
o hasta los “presidentes progresistas” que se han reunido excluyente y maniqueamente en Santiago reiterando, entre otras cosas, la defensa del multilateralismo.
Si a pesar de ello un tono menos condescendiente no hubiese sido adoptado por la autoridad peruana, la repercusión de una negociación débil en asuntos que el propio interlocutor define como de seguridad, se reflejará en el status negociador del Perú frente a otros actores.
Ello no ocurriría de manera automática pero sí correlacionada. En efecto, esos interlocutores verían cómo un estado pequeño no pudo matizar la imposición de un poder superior disminuyendo la razón de seguridad en favor de otros escenarios como la mejor valoración del superávit comercial norteamericano con el Perú, la asociación en la recuperación productiva norteamericana con mejores desarrollos cupríferos en nuestro país (p.e. vía nearshoring) o resaltando el mínimo impacto recaudatorio que tendrían los aranceles impuestos al Perú. Peor aún, si en el caso del cobre, no se intentó siquiera una coordinación adecuada con otros exportadores.
Tal demostración de debilidad en un escenario de inestabilidad general aumentará si nuestras exportaciones no logran una diversificación mayor en Europa (que importa marginalmente el metal peruano) y se acumulan en China.
Y perjudicará, por ejemplo, la necesaria interacción que se tenga con Bolivia con el propósito de cortar la venta ilegal de oro a ese país. En efecto, el débil status negociador del Perú podría ser asociado por el vecino con la incapacidad nacional de imponer el orden interno reflejado en el descontrol de la minería ilegal y el sustancial acceso a ella por entidades bolivianas inadecuadamente reguladas. Las razones de seguridad que esgrima el Perú podrían, en este marco, ser desatendidas. Lampadia
