Jimena Sologuren
El Comercio, 15 de mayo del 2025
“En Pataz continúan los asesinatos con cada vez más violencia (como en todo el Perú). Es indignante, frustrante y tristísimo, y lo peor es que seguimos sin entender ni dimensionar el problema”, cuestiona Jimena Sologuren, presidente de PERUMIN 37 y funcionaria de Minera Poderosa.
En Pataz continúan los asesinatos con cada vez más violencia (como en todo el Perú). Es indignante, frustrante y tristísimo, y lo peor es que seguimos sin entender ni dimensionar el problema. Poderosa es una empresa minera con 45 años de operación en la sierra de La Libertad. Desde hace más de dos décadas trabajamos con mineros artesanales que sí quieren hacer las cosas bien. Hoy tenemos más de 280 contratos con mineros locales que cumplen con las normas dispuestas por el Estado y pagan impuestos.
¿Qué los diferencia de los cientos de ilegales que invaden las concesiones? Muy simple: ellos tienen contrato, supervisión y fiscalización. Esto garantiza que se respeten las coordenadas y los espacios de laboreo, los protocolos de estabilidad de socavones – vitales para la seguridad de todos- y las normas ambientales. No es cierto que Poderosa “lotice la mina” ni que haya fomentado la actividad minera ilegal. Todo lo contrario: apostamos por la formalidad en todos los niveles, siempre dentro del marco legal.
¿Dónde empieza el problema? En el fracaso de los procesos de formalización minera promovidos por el Ministerio de Energía y Minas y el Congreso. El Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), creado como una medida temporal en 2016 (por tres años), que nace como reemplazo del proceso de formalización extraordinario establecido en el 2012, se ha convertido en un escudo para operadores informales e ilegales; pese a ser solo un registro y no un permiso para operar indefinidamente.
Según el Tribunal Constitucional, de las más de 88 mil inscripciones, solo el 2,31 % culminó el proceso. En lugar de ordenar, el Reinfo ha legitimado prácticas extractivas que no solo dañan el entorno, sino que constituyen un riesgo evidente para la vida y la seguridad.
La situación en Pataz es el reflejo más dramático de un sistema colapsado. Las pérdidas económicas son solo una parte del problema, lo realmente crítico es la consolidación de estructuras criminales que controlan territorios, asesinan impunemente y han debilitado al Estado.
Hoy, la minería ilegal se ha sofisticado: opera con maquinaria moderna, mueve millones de dólares y corroe instituciones locales y nacionales. En este contexto, el Reinfo no solo es ineficaz; se ha convertido en la coartada para legalizar redes criminales.
Frente a esta situación, el Estado tiene la enorme tarea de restablecer el principio de autoridad y el Estado de Derecho con acciones de inteligencia, control territorial y una política minera coherente. Pero esto no lo puede lograr solo, todos los peruanos necesitamos trabajar en equipo. Hay gente valiosa en el sector público y en el privado. Necesitamos estabilidad en el país y no un cambio constante de autoridades. Le queda un año a este Gobierno para avanzar en algo la lucha contra el crimen organizado. No podemos seguir perdiendo el tiempo en distracciones inútiles, tenemos que ponernos a trabajar.
