Fernando Málaga
Para Lampadia
Pareciera que creemos que la leyes funcionan como un fetiche de forma mágica, de tal forma que baste promulgarlas para que se modifique la realidad al gusto del legislador.
Para muestra, un ejemplo: la Municipalidad Metropolitana de Lima-MML promulgó una ordenanza prohibiendo los almacenes clandestinos en el cercado de Lima, así como el abastecimiento de estos mediante camiones de carga; se supone qué está se va a ser cumplida mágicamente sin que se dé una verdadera y efectiva fiscalización de la existencia de estos almacenes, así como el tráfico de carga que los abastece.
¿Por qué ocurriría esto? ¿Los propietarios de éstos dejarían de hacer lo que por años vienen haciendo solo por una prohibición municipal? El cercado de Lima ha sido declarado zona monumental por múltiples ordenanzas permitiéndole a la municipalidad clausurar estos locales y eventualmente demolerlos en caso de incumplimiento. La Ley Orgánica de Municipalidades y la Ley General de procedimientos Administrativos lo permiten sin que ni la ley 31913 ni la 32035 pueda impedírselo.
La existencia de almacenes del tipo que se encuentran en El Cercado y el Rímac prohibidos de obtener Licencia de Funcionamiento por el carácter monumental de dicha zona y que por lo tanto pueden y siempre han podido ser erradicados incluso mediante las mencionadas normas que siempre han estado al alcance de las distintas administraciones de la MML. Que nunca se haya hecho obedece no a falta de las leyes si no a la mala capacidad de gestión de la administración municipal a lo largo de los años.
Pero ¿a qué se debe esta incapacidad para hacer cumplir las normas municipales? ¿Es éste un problema solo de la MML o de todo el Estado Peruano? Es obvio que la respuesta es el segundo caso, pero por ahora centrémonos en el problema de la MML.
Evidentemente hay un problema de decisión política combinado con la posible falta de asignación presupuestaria, pero no debe ignorarse la posibilidad del efecto de la corrupción tanto en la entidad administradora como en los administrados.
Se sabe que en su mayoría los almacenes clandestinos pertenecen a comerciantes mayoristas que en su mayoría hacen caso omiso de las leyes y normas que de cualquier manera dificulten sus actividades. La impunidad con la que por años han venido operando ha creado una cultura en la que cada quien hace lo que le viene en gana sin consideración alguna para terceros o miedo a la autoridad.
Ante esta situación la repuesta solo puede ser una combinación de política de fiscalización con apoyo policial y sobre todo, el mantener la decisión a lo largo del tiempo. ¿Pero qué tan posible y lógico es mantener una zona como el Cercado de Lima y el Rímac totalmente intangible? Se decretó que no se dejarían entrar camiones al Centro y al día siguiente los periódicos publicaban que estaban entrando en horas de la madrugada cuando se relajaba la vigilancia.
Esto plantea otra pregunta ¿No será que la MML está luchando contra molinos de viento? ¿Contra las fuerzas del mercado? ¿No es cierto que Gamarra, Mesa Redonda y el Mercado Central se encuentran cerca de donde se establecen estos almacenes?
Ante esta realidad, sería más realista aceptar la presencia de estos almacenes, pero imponiéndoles reglas claras que salvaguarden la seguridad de los almacenes y sus vecinos.
Esto exigiría mejor fiscalización por parte de la autoridad, donde se privilegiaría la gestión en vez de la imposición de prohibiciones que no se podrán hacer cumplir.
Parece claro que lo expresado aquí resulta igualmente aplicable a la forma en que se legisla y administra todo el Estado Peruano, cuando, por ejemplo, eleva las penas contra los asesinatos y sicariato en vez de dotar a la policía de las herramientas legales y materiales que ese propósito requiere, por lo que fracasa y seguirá fracasando.
Lampadia
