Fernando Rospigliosi
Expreso, 17 de marzo del 2025
Una de las acusaciones contra la fiscal de la Nación Delia Espinoza, es la que presenté con los congresistas José Cueto y Alfredo Azurín el octubre del año pasado ante la sub comisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso. En realidad, es una acusación contra toda la junta de Fiscales Supremos por desacatar la ley 32130 que devuelve la investigación preliminar a la Policía Nacional.
Los fiscales pueden apelar al Tribunal Constitucional (TC) para que derogue esa norma, como hicieron después. Pero no pueden desacatarla mientras está en vigencia, como han hecho desde el momento mismo de su promulgación, no solo en declaraciones públicas, sino emitiendo un ilegal reglamento para que todos los fiscales no la apliquen (Resolución de la Fiscalía de la Nación № 2246-2024-MP-FN).
En suma, los encargados de hacer cumplir la ley, han cometido una flagrante ilegalidad y deben ser sancionados.
El constitucionalista Aníbal Quiroga, que defiende al Congreso en las demandas ante el TC por esa ley, lo ha expuesto claramente:
“En consecuencia, es absolutamente claro que la Ley N° 32130 no vulnera ni la autonomía, ni las competencias del Ministerio Público (MP), así como tampoco el principio de presunción de inocencia, ni el deber estatal en materia de seguridad, ni la defensa normativa de la Constitución, ni los principios de independencia de poderes, de unidad de la Constitución, ni los de razonabilidad y proporcionalidad, por lo que en modo alguno infringe la Constitución, por lo que resulta ser plenamente constitucional, por la forma y por el fondo, por lo que la Demanda de Inconstitucionalidad materia de auto debe ser declarada infundada en todos sus extremos.”
El 23 de octubre presentamos la denuncia contra todos los fiscales supremos (la ampliamos el 29 de ese mes), cuando era fiscal de la Nación Juan Carlos Villena, mucho antes de otros hechos que Delia Espinoza atribuye como motivación de esta acción. Es falso, pues, el argumento de que se trata de una represalia por hechos distintos.
Como he señalado en otras oportunidades, el quitarle la investigación preliminar a la PNP es una de las razones fundamentales del desborde delincuencial que hoy aterroriza al país. Los fiscales no saben investigar y no actúan con diligencia ante la comisión de delitos, liberan delincuentes permanentemente y demoran excesivamente los procedimientos, perjudicando decisivamente la acción contra los malhechores.
Esta absurda reglamentación, fue introducida en el Código Procesal Penal por presión de una gran potencia con la que se negociaba en ese momento el Tratado de Libre Comercio. Ellos han seguido insistiendo a lo largo de los años para quitarle competencias a las fuerzas del orden y trasladarlas al MP, dominado por la mafia caviar. Por suerte, eso ha cambiado ahora y las coerciones han desaparecido.
Los caviares que en varios momentos han controlado el Ministerio del Interior y la PNP, que odian a la policía y solo quieren usarla políticamente, hoy día siguen haciendo campaña para quitarle una función esencial e inherente a su naturaleza.
