Iván Arenas
Perú21, 14 de marzo del 2025
‘‘El problema de la minería informal y todo lo que gira alrededor de esta no es precisamente la compra de la producción sino el proceso estructural de formalización donde el Reinfo ya no puede ir más’’.
Antes de asumir la presidencia del Congreso, el apepista Eduardo Salhuana, amable político de formas antiguas, se comprometió a no incentivar ni promover ninguna ley ni proyecto de ley a favor de la minería informal. No obstante, luego de meses se libera del corsé de sus promesas para insistir —con propuesta de ley— que el Banco Central de Reserva del Perú o el Banco de la Nación deben comprar la producción aurífera de los cientos sino miles de mineros informales o en vías de formalización.
A la convocatoria de Salhuana se han sumado otros congresistas que, aprovechando el “salto adelante” del titular de un Parlamento de 3% de aprobación, han presentado proyectos para extender el Reinfo por tres años más y otros congresistas —más osados, por supuesto— ya promueven la modificación de la ley de minería —piedra fundamental del “milagro minero”— con el propósito de cambiar eso que ellos llaman malamente “concesiones ociosas”.
Ahora, ¿de dónde se le ocurre a Salhuana —o a sus asesores— que el BCR va a solucionar el problema de la trazabilidad con la compra total o parcial de la producción aurífera de los mineros artesanales? Semejante propuesta no resististe ningún rigor técnico porque se equivocan la solución con el problema. Octavio Paz acostumbraba a decir que si las respuestas no son las correctas no significa que las preguntas las sean.
El problema de la minería informal —sobre todo aurífera— y todo lo que gira alrededor de esta no es precisamente la compra de la producción —la comercialización, que es un problema propio— sino el proceso estructural de formalización donde el Reinfo ya no puede ir más. El problema de las invasiones de concesiones de terceros, las superposiciones, la no presentación e incumplimiento de los instrumentos de gestión ambiental, la desidia de los gobiernos regionales, la corrupción alrededor de la venta y compra de oro ilegal, etcétera, tienen que ver con la producción.
Asimismo, el minero artesanal —tanto informal como ilegal— lo que pretende es que la comercialización deba estar dentro del sistema de mercado y no titulada por ninguna institución del Estado que pueda, incluso “colocar” precios. Si uno se fija bien, tampoco es que el minero artesanal necesite un Fondo Minero porque el problema ¡no es la inversión de las labores! (donde hay cientos de financistas, que es otro problema).
Pero además, comprar oro de la minería artesanal con todos los problemas anteriores y sin una trazabilidad técnica lo único que genera es un enorme riesgo de “camuflarse” la producción ilegal, peor aún cuando el precio de la onza ya ronda los US$3 mil. Gracias, Salhuana, gracias APP.
