Jaime de Althaus
Para Lampadia
De varias maneras este gobierno de izquierda, que quería una asamblea constituyente para dar una nueva Constitución, le está dando la razón a los preceptos centrales del capítulo económico de la Constitución del 93. Lo que está ocurriendo con Petroperú, por ejemplo, refuerza el concepto central del Estado subsidiario, es decir, que el Estado no debe ingresar como empresario allí donde el sector privado puede entrar.
En pocos meses de la gestión de izquierda, Petroperú ha perdido el grado de inversión.
La semana pasada la clasificadora de riesgos Standard&Poor´s bajó la calificación de riesgo crediticio de largo plazo de Petroperú retirándole el grado de inversión. Los bonos emitidos son ahora “bonos basura”. Esto debido a su “débil gobernanza”, luego de que PwC desistió de practicarle una auditoría debido a exigencias inaceptables, y a consecuencia de haber despedido a personal calificado reemplazándolo por ejecutivos incompetentes.
No es solo que Petroperú tendrá que pagar ahora intereses más altos por los créditos que tome, sino que existe el riesgo de que los bancos le recorten o le nieguen el crédito, poniendo a la empresa en serios problemas operativos. Más grave aún, como ha explicado Miguel Castilla en Gestión, la pérdida del grado de inversión puede gatillar cláusulas que exijan el pago inmediato del bono. Con lo cual seremos nosotros los contribuyentes quienes tengamos que pagar la inmensa deuda de 4,300 millones de dólares contraída por Petroperú para financiar el elefante blanco de la refinería de Talara en un país que ni siquiera tiene petróleo o el que tiene no lo puede sacar hacia la costa porque la empresa no es capaz de mantener el oleoducto.
Esos problemas no se hubiesen presentado si la empresa fuese privada. No haber respetado el principio de subsidiariedad del Estado dio pista libre a los delirios ideológicos de la izquierda que llevaron a sacar adelante un proyecto que respondía a un sueño de grandeza estatista sin contacto alguno con la realidad. Y ahora tendremos que pagarlo todos los peruanos.
Para no hablar de los actos de corrupción que han sido denunciados en torno a la compra del biodiesel. Panorama ha denunciado que Heaven Petroleum Operators (HPO), de Samir Abudayeh, no distribuye biodiésel a Petroperú desde febrero. El ex presidente de Petroperú, el economista Carlos Paredes, ha revelado en Peru21 que, para convalidar ese grave incumplimiento, el Minem dio desde mediados de la semana pasada una norma que dispone que PetroPerú no debe consumir biodiésel por un mes, para que el proveedor pueda no cumplir su compromiso sin estar sujeto a las penalidades del contrato. Es la colusión más impúdica que podemos imaginar. “Lo que vemos es gente muy poderosa fuera del Gobierno, que tiene las posibilidades de hacer que se modifiquen las normas, los procedimientos bajo los cuales se hacen las contrataciones en Petroperú”, señaló Paredes.
Petroperú se convirtió sencillamente en un botín presupuestal más para la gente de Perú Libre y de Castillo. Un botín enorme, el mas grande del Perú. Apenas iniciada la gestión de este gobierno, el gerente general despidió a 17 altos ejecutivos que habían sido contratados meritocráticamente por medio de un head hunter internacional. Ya vemos los resultados: pésima gestión y corrupción por todos lados.
La Constitución de 1993 tiene razón: en lo posible el Estado no debe tener empresas públicas, porque pueden convertirse en focos de corrupción cuya falencia debemos pagar luego todos, fuera de los problemas de competencia y distorsión del mercado que generan.
Por lo demás, es gracias a la Constitución del 93 que el gobierno puede gozar de una macroeconomía y de una solidez fiscal que le permiten deteriorar la calidad de las instituciones gubernamentales y desalentar la inversión sin que todavía se note demasiado en los bolsillos de las personas. Debería agradecerle a esa Constitución por hacer y deshacer con absoluta impunidad política. Hasta ahora. Lampadia
