Fernando Rospigliosi
Expreso, 25 de noviembre del 2024
Culminado exitosamente, para el país y para el gobierno, el evento de APEC, volvimos a la normalidad. Es decir, a una nueva crisis.
La minería ilegal, la situación del hermano de la presidenta y una nueva denuncia de corrupción que involucra a uno de los ministros favoritos de Dina Boluarte, son los factores de los aprietos que estremecen a los ocupantes de Palacio.
Después de meses de espera, el ministro Rómulo Mucho presentó un proyecto de ley (MAPE) para abordar el asunto de la minería ilegal. Y ha sido rechazado casi unánimemente, porque no resuelve lo que se ha convertido en un problema crítico de seguridad nacional, con enormes implicancias para la economía.
El punto es que el gobierno ha demorado hasta el último momento para enviar al Congreso el proyecto, cuando faltan pocos días para terminar la legislatura, de los cuales hay que descontar una semana dedicada a aprobar el presupuesto 2025.
La respuesta ha sido una justificada moción de censura contra Mucho, que tiene amplias probabilidades de aprobarse. La minería ilegal, que cuenta con fabulosos recursos, está movilizando a miles de manifestantes para tratar de mantener sus ilícitos privilegios.
En síntesis, otra vez el gobierno al borde del abismo, producto de su incompetencia.
Otrosí digo.
La última semana se produjeron importantes avances en las reformas necesarias para las próximas elecciones.
En la Comisión de Constitución se aprobó un dictamen para permitir los aportes privados a las campañas electorales, cercenados por las nefastas reformas promovidas por la coalición vizcarrista liderada por los caviares.
Como señaló un editorial de Perú21, es “un avance importante para frenar las cuantiosas inyecciones de dinero provenientes de actividades ilícitas en las contiendas electorales”.
También en esa comisión se establecieron las reglas de la valla electoral. Se requiere, para no perder la inscripción, obtener por lo menos un 5% de votos válidos y el 5% de escaños en una de las cámaras, diputados o senadores.
Respecto a las alianzas, la valla sube un solo punto porcentual, 6%, no importa si la alianza involucra a dos partidos o a diez. De esta manera se facilita la unión de varios grupos. Aunque se precisa que, para mantener la inscripción, el partido perteneciente a un conglomerado debe tener por lo menos un parlamentario, senador o diputado. Teniendo en cuenta que son 190 escaños en juego, no es mucho pedir.
En el pleno del Congreso se aprobó una reforma constitucional para que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) designe a su presidente por votación de sus miembros (ahora es el representante del Poder Judicial), como ocurre en la Corte Suprema, la Junta de Fiscales Supremos, la Junta Nacional de Justicia y el Tribunal Constitucional.
Y que el mandato del presidente del JNE dure dos años. Este cambio requiere ser aprobado en segunda votación en la siguiente legislatura.
Estas modificaciones no satisfacen a todos, como siempre ocurre en una democracia, pero constituyen sin duda un significativo avance.
