Por: Felipe Morris
Perú21, 31 de mayo del 2022
“Se desaprovechó una gran oportunidad para atraer inversión en un momento en que se avecina un decrecimiento en la economía mundial que irremediablemente nos va a afectar”.
Hace dos semanas escribí sobre la reunión del Foro Económico Mundial en Davos, adonde se suponía que asistiría el presidente Pedro Castillo, que incluso ya había recibido la autorización de viaje del Congreso. Por razones poco claras, canceló su viaje y fue reemplazado por la vicepresidenta Dina Boluarte, quien, en vez de aprovechar dicho foro para ‘vender al Perú’ ante inversionistas internacionales, lo usó para ir contra la inversión minera, acusando a muchos funcionarios de las principales empresas mineras asistentes al evento de depredadores del medio ambiente y de matar a los hermanos y hermanas peruanas en sus operaciones en nuestro país. Cuando se refirió a Las Bambas, erróneamente mencionó que la empresa usufructúa espacios geográficos de las comunidades campesinas sin consulta previa.
También indicó que el gobierno está liderando políticas inclusivas que luchan contra la pobreza, cuando su retórica política justamente atenta contra la inversión, el crecimiento económico y el bienestar social. Es evidente que fue una presentación politizada que demuestra un gran desconocimiento de cómo operan las empresas mineras modernas, sujetas a una serie de normas socioambientales previo a cualquier inversión, por requerimiento no solo de los gobiernos en los que operan, sino de sus propios accionistas. Por otro lado, ni mencionó a la minería informal e ilegal, que es contaminante y depredadora, que opera sin controles a vista y paciencia de las autoridades regionales y del gobierno central.
La invitación a la comunidad empresarial a invertir en el Perú, en la masificación del gas, el desarrollo de la industria de litio en Puno y la agricultura, entre otras actividades, se vio empañada por acusaciones infundadas contra los políticos de oposición a quienes culpó de los problemas del país y por los diversos conflictos sociales sin resolución. Lo que debió hacer es resaltar que el Perú está abierto a los empresarios mineros que operan responsablemente respetando el medio ambiente y a las comunidades donde operan, garantizándoles un marco de estabilidad legal y seguridad jurídica, lo contrario a lo que estamos viendo en el país. Difícil hacerlo cuando representa a un gobierno que no ha hecho más que enturbiar el clima de negocios para la minería, no resolviendo los conflictos sociales y más bien azuzándolos, desincentivando dicha inversión en momentos en que los precios de los minerales están en niveles históricamente muy altos. Se desaprovechó una gran oportunidad para atraer inversión en un momento en que se avecina un decrecimiento en la economía mundial que irremediablemente nos va a afectar.
